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Caso ambulancias: Gobernador potosino habría generado daño económico de Bs. 1 millón, según la imputación

El Gobernador de Potosí, Jhonny Mamani. /LA RAZON
Según el informe de la Fiscalía, la función de la autoridad era velar para que los procesos de contratación se enmarquen en la legalidad, sin embargo eso no ocurrió porque se observó varias irregularidades en dicho caso.

La compra de 41 ambulancias habría generado un daño económico de más de un millón de bolivianos, según la imputación que presentó la Fiscalía en el mencionado caso, que establece la responsabilidad del gobernador Jhonny Mamani en las irregularidades sobre la contratación y posterior compra de dichos vehículos.

Mamani, firmó en noviembre de 2021 un contrato con la empresa Estefals Logistic, para la adquisición de 41 ambulancias por 20.5 millones de bolivianos, sin embargo decidió anular dicho contrato al denunciarse las irregularidades en el caso.

Según el informe de la Fiscalía, la función de la autoridad era velar para que los procesos de contratación se enmarquen en la legalidad, sin embargo eso no ocurrió porque se observó varias irregularidades en dicho caso.

Asimismo, observo también que el Gobernador determinó la anulación del contrato mediante una Resolución Administrativa en fecha 27 de enero de 2022 cuando ya había transcurrido 22 días después de la fecha tope para la entrega de las ambulancias.

En la imputación suscribe que no procedía una anulación del contrato como dispuso Mamani sino se debió cobrar las multas a la empresa por los días de atraso en la entrega o ejecutar la póliza de garantía de más de un millón de bolivianos.

De acuerdo al criterio de la Fiscalía, al no haberse ejecutado la garantía se generó un daño económico al Estado en la suma aproximada de Bs1.435.000, equivalente al monto de la póliza.

En ese marco, la entidad atribuyó al Gobernador de Potosí la comisión del delito de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, en calidad de autor.

Por otro lado, en la solicitud de medidas cautelares, la Fiscalía argumentó que existe peligro de fuga del Gobernador potosino porque no tiene un domicilio preciso y tiene facilidad de salir del país. Además tiene un proceso anterior por delitos de corrupción.

La audiencia donde se definirá la situación de la autoridad potosina se fijó para el 4 de agosto.

/ABH


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