Por ejecutar erróneamente un mandamiento de desapoderamiento de una vivienda que no correspondía, la Defensora el Pueblo, Nadia Cruz, exigió en horas precedentes al Consejo de la Magistratura el inicio de procesos disciplinarios para la destitución del Juez y Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil Comercial 3ero. de La Paz.
La autoridad defensorial advirtió que el desalojo afectó de manera violenta y con uso excesivo de la fuerza a una persona de la tercera edad, quien permanece en la calle hasta el momento.
Recordó que el hecho ocurrió el 13 de julio en la zona Villa San Antonio, donde se desplazaron la Oficial de Diligencias, Notaria de Fe Pública, el abogado de la parte demandante, 15 efectivos policiales, representantes de la Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma), personal de la Plataforma del Adulto Mayor y Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
Asimismo, un cerrajero y 20 estibadores se personaron para desalojar a Agustina Yujra Vda. de Aguilar de 75 años, quien por más de 50 años vivió en el inmueble.
Los efectivos policiales hicieron uso desproporcional de la fuerza, rompieron puertas y ventanas, vulneraron los derechos fundamentales de la víctima y su familia, así como la integridad psicológica de los afectados, señaló la Defensora.
Indicó que en ese intento arrestaron al hijo de Agustina, Edwin Aguilar Yujra y lo condujeron a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde le iniciaron una investigación penal por el delito de incendio.
La autoridad reveló que al conocer este hecho, la institución defensorial inició una investigación, que estableció que todo este accionar fue ejecutado de manera errónea y con evidentes irregularidades.
En una reunión, el Juez Público Civil y Comercial 3ero., Fausto Calle Mamani, admitió que incurrió en un error al ejecutar el mandamiento de desapoderamiento.
Sin embargo, lo atribuyó a la mala fe del demandante, Rodrigo Arturo Meneses Mollinedo, pues su inmueble era otro y explicó que la defensa de Yujra, no presentó en la vía legal para hacer respetar su derecho propietario.
Cruz apuntó que la institución defensorial constató, luego de revisar el expediente, que Agustina Yujra activó recursos legales para resguardar su derecho propietario, pero que cada uno de ellos fue rechazado por la autoridad judicial.
Hizo mención al artículo 67 de la Constitución Política del Estado establece que todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana, y que prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, violencia y discriminación en contra de ellas.
Solicitó al Comando General de la Policía Boliviana que lleve a cabo procesos disciplinarios en contra de los efectivos que hicieron el uso de la fuerza.
Tras exigir los procesos disciplinarios en contra del Juez y Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial 3ro, indicó que solicitó al Consejo de la Magistratura que disponga el inicio de una auditoria jurídica a este proceso civil.
También cuestionó el actuar de la justicia constitucional, pues la Sala Constitucional Segunda dispuso la audiencia para resolver la Acción de Amparo en favor de Yujra para el 12 de agosto, pese que el Artículo 56 del Código Procesal Constitucional dispone que las audiencias de Amparo Constitucional deben realizarse dentro de las 48 horas de interpuesta la acción.
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