El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó en horas precedentes que el Ministerio Público emitió la imputación formal en contra del exministro de Gobierno Arturo Murillo y Philip L.G., este último intermediario en el caso de presunto sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos para la Policía.
“Estamos esperando el señalamiento de audiencia de medidas cautelares por parte de la autoridad jurisdiccional, quién nos hará conocer el día y hora de audiencia, donde, además, se solicitará la detención preventiva de los imputados en el penal de San Pedro, toda vez que se notificó los actos investigativos mediante edictos, con el fin de precautelar sus derechos y garantías constitucionales”, afirmó Alave a los medios de comunicación.
Por su parte, el fiscal Anticorrupción Eddy Flores explicó que el hecho ocurrió entre el 13 de noviembre de 2019 y el 6 de noviembre de 2020, cuando Murillo, ejercía como Ministro de Gobierno y supuestamente obtuvo cuentas bancarias y cuatro cajas fuertes, en las que realizó movimientos sospechosos de altas sumas de dinero.
“Existiría un depósito por parte de un funcionario policial Víctor G.A., por presunta instrucción de Carlos B.P., oficial de seguridad y ayudante personal del exministro, por un monto de 100.000 bolivianos, entre otros depósitos que realizó Daniel A.P, cuñado de Murillo”, detalló Flores.
En cuanto a la presunta participación de Philip L.G., fue el intermediario para la compra de agentes químicos en 2019 que junto a los representantes legales de la empresa Bravo Tactical Solutions, sobornaron al exministro y otros funcionarios públicos para concretar la venta de los gases lacrimógenos.
Además, el imputado es socio mayoritario de la empresa “Proyectos Inmobiliarios El Doral S.A.”, que registró cinco depósitos bancarios sospechosos de los cuales dos son de la empresa Bravo Tactical Solutions, que se presume sea recursos del daño económico causado al Estado en la compra de los gases lacrimógenos.
En el marco de la imputación también se amplió la investigación contra otros 11 involucrados del entorno familiar y laboral del exministro de Gobierno por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, según se estableció su presunta participación de acuerdo al informe financiero emitido por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
Actualmente Murillo se encuentra detenido, en Estados Unidos, por acusaciones de soborno y lavado de dinero.
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