El juez Roberto Cruz Hurtado, determinó arresto domiciliario y sin escolta policial al implicado en el secuestro y tortura a periodistas, policías y trabajadores agrícolas en el predio de Las Londras, Paulino Camacho Vedia, que fue considerado el más peligroso según las víctimas de este hecho suscitado el 28 de octubre de 2021.
Camacho estaba recluso en el Centro de Readaptación Productiva de Montero (Cerprom), ubicado en la ruta Okinawa, en el Norte de Santa Cruz, hasta que el juez determinó su liberación.
Evert Sixto Canasa es también otro de los implicados en el caso Las Londras, acusado por los delitos de tentativa de homicidio, robo agravado, amenazas, privación de libertad y portación de armas de fuego.
El Secretario ejecutivo de la federación de trabajadores de la prensa de Santa Cruz, Jesús Aponte, en una entrevista con LA PATRIA Radio manifestó su preocupación calificando la decisión del juez como “nefasta”.
“Es algo lamentable y nefasto lo que sucedió, Roberto Cruz concedió el arresto domiciliario y sin escolta de Paulino Camacho, uno de los más violentos y peligrosos que agredió a varios trabajadores de la prensa, policías y civiles”, señaló Aponte.
Además, indicó que la justicia en el país es de las más corruptas y que los jueces están vendidos y al servicio del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Reveló también que el seguimiento de este caso marchaba relativamente bien y que la repentina determinación los tomó por sorpresa.
“Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir persistiendo para que este hecho no quede en la impunidad, es la primera vez en la historia donde trabajadores de la prensa fueron agredidos y humillados de esa manera tan atroz”, manifestó el Secretario Ejecutivo.
Declaró estar de acuerdo con el informe que presentó el relator de la Organización de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, en el que reveló una radiografía de la justicia boliviana e identificó prácticas que favorecen la corrupción y la ineficiencia, además de su sus vínculos dependientes del sistema político del país.
“García-Sayán tenía toda la razón al emitir esos criterios ya que la justicia boliviana está sometida a un partido político (MAS)”, aseveró.
Por otra parte, el presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, informó que Canasa, otro de los detenidos en este caso, intentó tres oportunidades salir libre y teme que la justicia le conceda detención domiciliaria al igual que a Camacho.
Reclamó que la autoridad jurídica no tomó en cuenta tres elementos del Artículo 34 del Código de Procedimiento Penal que establece; Estado de peligrosidad para las víctimas, estado de peligrosidad para la sociedad y la obstaculización en el proceso.
De igual forma informó que pidieron una auditoria jurídica y que en 48 horas tendrán conocimiento sobre la audiencia de apelación.
Para que este caso no quede en la impunidad, Jesús Aponte pidió el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia.
“La libertad de prensa no existe en este ni en otro Gobierno, nos van a matar y no hacen nada”, reclamó.
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