Mientras las protestas en Ecuador en contra del Gobierno del Presidente, Guillermo Lasso persisten con cada vez más violencia, el movimiento indígena reportó la segunda muerte durante este conflicto la jornada precedente; los manifestantes atribuyeron la responsabilidad del fallecimiento a la Policía, mientras que la institución del orden negó toda responsabilidad.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) dio a conocer la muerte de Byron Guatatuca durante las protestas en un sector cercano a la ciudad de Puyo, la capital de la provincia de Pastaza.
De acuerdo con la Confeniae, filial de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la víctima recibió un disparo a “quemarropa” y responsabilizaron directamente al Gobierno de Lasso por este hecho.
Sin embargo, la Policía negó ser responsable por el fallecimiento de Guatatuca y la atribuyeron a la manipulación de explosivos.
“Se presume que la persona falleció por la manipulación de un artefacto explosivo”, manifestaron desde la Policía mediante un comunicado y precisaron que no usan esos elementos para el control del orden público.
Ante el incremento de las protestas, el Gobierno del Presidente Lasso declaró un Estado de excepción en las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahuam, Chimborazo y Pastaza, en un intento por contener la movilización indígena que tiene mayor fuerza en la capital Quito, según informaron medios internacionales.
Por su parte, la Conaie exigió al Gobierno poner fin al Estado de excepción que rige en esas seis provincias del país, además del cese de la represión a las protestas, como medidas para garantizar un proceso de diálogo exitoso con el Presidente.
Según el máximo líder de la Conaie y principal promotor de la movilización, Leónidas Iza, actualmente hay una “grave crisis política”, además de una “irresponsable” represión contra el movimiento indígena que, según su criterio, es la cabeza de un conjunto de colectivos sociales que no están de acuerdo con las políticas económicas del Gobierno de Lasso.
También lamentó que desde el inicio de las movilizaciones el 13 de julio, la respuesta del Ejecutivo fue el “uso de la fuerza y las detonaciones”, lo que calificó como ilegal.
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