Durante su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, el Relator para la independencia de jueces y abogados, Diego García-Sayán manifestó este martes que el caso de Jeanine Áñez pone de manifiesto temas estructurales de la administración judicial boliviana y sostuvo que toda persona tiene derecho a un juicio justo sin excepción.
En su intervención, el Relator mencionó las observaciones y recomendaciones que emanaron de su visita que realizó a Bolivia en febrero de este año.
Entre sus consideraciones, señaló que Áñez está en prisión preventiva desde marzo de 2021 y enfrenta a dos procesos penales por hechos ocurridos el 2019.
“Dicho caso pone de manifiesto temas estructurales de la administración justicia como la generalización de la detención preventiva. Todas las personas tienen derecho a un juicio justo y a las garantías judiciales de ley. Esto no tiene, ni debe tener, no puede tener ninguna excepción”, afirmó García-Sayán.
Además, recordó que, durante su visita a Bolivia, Áñez se encontraba en huelga de hambre, ante lo cual enfatizó que “el Estado se encuentra en una posición especial de garante respecto de las personas privadas de libertad y es del Estado la responsabilidad de garantizar su integridad y salud”.
Entre otras observaciones, el Relator mencionó que la jurisdicción indígena originaria campesina está limitada seriamente el ámbito material, la debilidad de la carrera judicial, el rezago procesal y la limitación de la cobertura de los servicios judiciales, código procesal demasiado formalista y modelos anacrónicos de gestión de tribunales, según reporte de la red Erbol.
El representante de la ONU también se refirió a las masacres de Senkata, Sacaba y de la zona Sur suscitadas en la crisis de 2019 y lamentó que las víctimas hayan pasado más de dos años esperando justicia.
Observó, asimismo, que siete de cada diez personas privadas de libertad están sin condena y que la tasa de hacinamiento es del 349 por ciento.
El funcionario de Naciones Unidas se refirió al actual sistema de designación de las altas autoridades judiciales. Indicó que no dio los resultados esperados y recibe extendida crítica, puesto que la preselección de candidatos a ser sometidos a votación popular es realizada por un órgano político: la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Respuesta del Gobierno
El Gobierno de Bolivia comentó el informe del Relator, a través del ministro de Justicia, Iván Lima, quien participó mediante vía virtual y ratificó la intención gubernamental de lograr una transformación de la justicia que esté acompañada del escrutinio Internacional.
Sin embargo, Lima observó que la confianza entre los actores políticos de Bolivia, una de las recomendaciones del García-Sayán, en los recientes días fue “empañada”, debido a “imprecisiones en las declaraciones del Relator”.
“Nosotros vemos con profunda preocupación que muchos de los sectores puedan tergiversar o malinterpretar determinaciones y afirmaciones del Relator, que han tenido como fin Buscar el permanente mejoramiento de la administración de justicia en el país”, manifestó Lima.
Si bien no brindó mayores detalles, el Ministro en días recientes fue crítico al Relator debido a su pronunciamiento en redes sociales, mediante el cual expresó su preocupación sobre declaraciones de Evo Morales respecto a que en una reunión política se habría definido llevar a Jeanine Áñez a juicio ordinario.
Incluso García-Sayán sostuvo que corresponde juicio de responsabilidades a una persona que ejerció la Presidencia, al margen de cómo asumió el cargo.
En su respuesta al informe del Relator en la ONU, Lima resaltó que se está trabajando en un fortalecimiento de la justicia indígena y la incorporación de jueces a la carrera judicial para este año.
Reconoció que se debe mejorar la elección de las altas autoridades de la justicia y señaló que la transparencia y lucha contra la corrupción deben ser una constante.
Asimismo, el titular de Justicia recordó que el Gobierno respetará el informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes y que así se espera que el sistema de enjuiciamiento penal deje de dar a las víctimas la carga de la investigación.
También expuso el objetivo de que, a través de la Fiscalía General, se logre “memoria, verdad y justicia para todas las víctimas de las graves violaciones de los Derechos Humanos ocurridas el año 2019”.
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