Una delegación del Gobierno boliviano acudirá el martes a Ginebra-Suiza, sede de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) para responder a cada una de las observaciones que se realizaron sobre el proceso en contra de la expresidente, Jeanine Áñez quien recibió una condena de diez años en un proceso oral ordinario.
El ministro de Justicia, Iván Lima anticipó que, junto al canciller, Rogelio Mayta el martes, a las 04:00 horas presentarán sus comentarios sobre el informe del Relator, Diego García-Sayán.
“El informe se presenta en Ginebra ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas”, declaró el titular de Justicia.
Asimismo, indicó que el Gobierno solicitó hacer su intervención una vez conocido del informe del Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Diego García-Sayán, quien recientemente realizó seis observaciones sobre el procesamiento a la expresidente, según reporte de Innovapress.
“Nuestra posición va a estar en función al informe que presente el Relator. Nosotros llamamos a la reflexión al relator García Sayán, hay un código que regula el trabajo que él debe realizar. Él no viene a juzgar cosas concretas, definitivamente no puede realizar ninguna afirmación sin previamente haber trasladado al Estado boliviano sus observaciones”, indicó Lima.
Según el Ministro, las observaciones de García-Sayán “están fuera de contexto” y se difunden cuando, “justamente ahora”, concluye su mandato.
El Relator de la ONU observó que “la justicia en Bolivia tiene la oportunidad de hacer las correcciones que resulten necesarias ante un recurso de apelación o revisión, si se presentase” en torno al caso de Áñez.
Además, recomendó que Áñez “tiene derecho a juicio de responsabilidades quienes hayan ejercido la Presidencia, al margen de cómo surgió su mandato”.
La postura del Relator surgió después de la lectura de la sentencia contra Áñez por el caso “Golpe II” cuando se ratificó que la expresidente debe cumplir una condena de diez años de reclusión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
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