Desde la Oficina de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (Oacnudh) señalaron al menos seis aspectos significativos que afectaron al proceso judicial del caso “Golpe de Estado II”, entre los que se menciona “el uso excesivo” de la detención preventiva de los acusados.
La Oacnudh, ente que estuvo como observador del caso para verificar el correcto desarrollo del procedimiento judicial en el que se condenó a la expresidente, Jeanine Áñez a diez años de cárcel, según el marco de las normas y estándares de Justicia internacional, indicó seis puntos que “requieren una respuesta integral en el enfoque de Derechos Humanos”.
Observaciones
La primera observación es al tipo penal de «incumplimiento de deberes» que consideran que es «incompatible con el principio de legalidad recogido en varios tratados de derechos humanos, por ser excesivamente amplio y ambiguo».
La segunda observación va en torno al «uso excesivo y no excepcional de la detención preventiva como medida cautelar».
También observaron el formato de las audiencias de este juicio que fueron híbridos, entre virtuales y presenciales, por la pandemia del Covid-19, hecho que tuvo un «impacto» en el acceso físico de la audiencia al público en general, como también a los medios de comunicación, al igual que a los propios acusados, según reporte de la agencia Europa Press.
«Sobre todo afectó a las tres personas acusadas en detención preventiva que solo estuvieron presentes en las audiencias de manera física cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se desplazó a los centros penitenciarios para tomarles la declaración inicial y final», señala el comunicado.
Asimismo, el organismo perteneciente a la Organización de Naciones Unidas (ONU) señaló un desequilibrio procesal, puesto que en el juicio de la exautoridad participaron como acusación la Fiscalía, el Ministerio del Interior e incluso un senador, en confrontación con la defensa, que era minoritaria en cuanto a la capacidad de presentar pruebas.
El miércoles anterior, el relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, trasladó su preocupación ante una “posible intervención” del Gobierno de Bolivia en el juicio a Jeanine Áñez.
“Las señales de una posible intervención del poder político en este proceso judicial preocupan a la comunidad internacional. La justicia boliviana tiene la oportunidad de hacer las correcciones que resulten necesarias ante un recurso de apelación u revisión, si se presentase”, indicó García-Sayán, según reporte de El Deber.
Áñez, quien permanece en prisión preventiva desde marzo de 2021, fue castigada con diez años de cárcel por su papel en la crisis política de noviembre de 2019, cuando el entonces presidente Morales se vio forzado a dejar el cargo por las presiones de la oposición y parte de las Fuerzas Armadas, que no reconocieron los resultados electorales después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) detectase posibles irregularidades.
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