El Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo el pasado domingo a través de sus redes sociales que de acuerdo con el plan de la Organización de Estados Americanos (OEA), las pandillas salvadoreñas intentarían evolucionar en una guerrilla con el fin de convertirse en partidos políticos.
Según el jefe del Estado salvadoreño, ese plan fue propuesto por Raúl Mijango quien fue un antiguo guerrillero considerado como mediador en tregua de las guerrillas de 2011 y en 2018 fue condenado a 13 años de prisión por extorsión al Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014).
El mandatario aseguró que ese es el motivo por el que las pandillas recibieron armas y entrenamiento militar en los polígonos de tiro durante el tiempo en que se barajó la propuesta, fue una noticia controversial en 2014.
Asimismo, afirmó que existe un plan de inteligencia que refleja todo el proyecto.
“Documentos de Inteligencia muestran todo el plan, con el fin de llevar una falsa negociación de paz y convertir a las pandillas en un partido político, repartiendo el poder en tres”, indicó.
De acuerdo con el Presidente salvadoreño, el periodista Paolo Lüers fue el encargado de convencer al partido conservador Alianza Republicana Nacional (Arena), que ostentó la Presidencia del país desde 1989 hasta 2009, mientras que la OEA había estado de acuerdo con este plan.
En junio pasado, Bukele anunció la ruptura de un acuerdo con la OEA que daba vida a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies), una promesa de campaña.
“Decidimos que como Presidencia también vamos a romper nuestro convenio con la OEA-Cicies porque es un despropósito completo que estemos tratando de combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”, señaló Bukele en una conferencia de prensa.
Esta ruptura se dio después de que se conociera el anuncio del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de tener como asesor al exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, procesado penalmente en El Salvador y denunció ser víctima de golpes y malos tratos en prisión.
El mandatario aseveró que ya no se puede confiar en la OEA porque, está promoviendo una agenda política y había un otorgamiento de impunidad a un criminal.
Actualmente, El Salvador está bajo un régimen de excepción aprobado a finales de marzo y ampliado dos veces por el Congreso tras una escalada de homicidios que se cobró la vida de 87 personas en tres días.
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