Ante la posibilidad de que el régimen de excepción en El Salvador se convierta en “norma”, Amnistía Internacional (AI) manifestó su temor de que el Estado de Derecho en ese país centroamericano se desmantele, según declaró la jornada precedente la directora de este ente, Erika Guevara Rosas.
El régimen de excepción ya está vigente más de dos meses, fue aprobado por la Asamblea Legislativa inicialmente por 30 días, pero ya fue ampliado dos veces; esta medida fue adoptada ante la “escalada” dramática de violencia atribuida a las pandillas.
Para el Presidente Nayib Bukele, estos poderes especiales permitirán que ganen la “guerra” contra las pandillas; hasta el momento son más de 37.000 detenciones de las que, según el mandatario, solo el uno por ciento podría ser por “error”.
De acuerdo con organizaciones humanitarias actualmente hay 1.123 denuncias de atropellos a Derechos Humanos, principalmente por detenciones arbitrarias de personas que aseguraron no tener vínculos con las pandillas, y al menos 24 fallecidos bajo custodia estatal.
Estas denuncias superan las 1.800 y más de 700 fueron recabadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Erika Guevara Rosas presentó recientemente en El Salvador las conclusiones preliminares de una investigación que concluyó que en el país centroamericano se están cometiendo “graves violaciones” a los Derechos Humanos.
“La conclusión preliminar de altísima preocupación es que estos regímenes de excepción, estas extensiones no sean la excepción, sino que se conviertan en la norma y que esto termine por desmantelar a las instituciones del Estado y al Estado de Derecho”, declaró Guevara a EFE.
Para las dos ampliaciones del régimen de excepción bastó con que el Gobierno de Bukele presente una solicitud gubernamental, debido a que los legisladores no sometieron la medida a estudio ni a debate parlamentario, según informaron medios internacionales.
El Congreso de El Salvador es dominado por el partido Nuevas Ideas (NI), que actualmente posee la mayoría absoluta y es dirigido por un primo del mandatario. Además, la presidencia de este órgano está en manos de un exsecretario de Bukele.
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