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El MAS pide celeridad en el proceso contra integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala

MAS pide celeridad en el caso contra miembros de RJC
Miembros de un grupo de la Resistencia Juvenil Cochala / Archivo RRSS
Desde el Gobierno anunciaron que los cuatro acusados, miembros de la RJC, fueron notificados para presentar sus pruebas de descargo; desde el MAS insistieron en la celeridad de este caso.

Celeridad en el proceso judicial contra los cuatro integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) fue lo que pidió el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gualberto Arispe, en la presente jornada; estas personas fueron acusadas de atentar contra la seguridad del país, destruir bienes del Estado y otros delitos durante al Gobierno de Jeanine Áñez.

El legislador, resaltó que las personas que cometieron actos ilícitos deben recibir sanciones.

“La acusación que se ha hecho la aplaudimos y pedimos más bien celeridad para que este caso llegue a su conclusión. Quienes han cometido delitos, quienes han cometido errores, han violado nuestras normativas, tienen que ser sancionados”, afirmó.

En un comunicado reciente, desde el Ministerio de Gobierno informaron que Yassir Molina Lozada, Milena Sotto López, Mario Antonio Bascopé Revuelta y Fabio Alejandro Bascopé Revuelta fueron notificados para presentar el 6 de junio sus pruebas de descargo en el inicio del juicio oral público.

El miembro de la Resistencia Juvenil Cochala, Yassir Molina / Internet

Por su parte, la alianza Creemos calificó esta medida como un acto de persecución política y llamó a defender a los miembros de la RCJ. La respuesta del Gobierno central no se dejó esperar, quienes cuestionaron que se proteja a un “grupo irregular” que surgió en un momento de “ruptura constitucional”.

El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrão, se pronunció al respecto de este caso, destacando las acciones del Gobierno hasta el momento, y aseguró que van en cumplimiento de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes.

Arispe añadió también que la población cochabambina fue “asediada” por estas personas que, de acuerdo a su criterio, se armaron de manera irregular y provocaron zozobra, según informó la Agencia Boliviana de Información.

“De acuerdo a la responsabilidad que tienen, deben ser sancionados. Si el castigo es la cárcel, tiene que ser (…), para que en otra no vuelva a ocurrir. Se tiene que sancionar a los autores intelectuales y los materiales”, manifestó.

/ LMPT


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