En su informe final, el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, constató que la injerencia en el órgano judicial en el país aún no fue erradicado, poniendo como ejemplo al caso que involucra a la expresidente, Jeanine Añez.
Este miércoles se conoció el documento que consta de 20 páginas y que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en las próximas semanas, reportó el diario El Deber.
El relator manifestó que los procesos del “golpe I” y “golpe II”, que involucran a Añez, capturaron la atención de la opinión pública en el país y en el extranjero.
Respecto a la crisis de 2019, resaltó que el Ministerio Público debe avanzar sin demora en las investigaciones de oficio, sin hacer recaer la iniciativa o carga probatoria en las víctimas, sus familiares o sus representantes.
“(Debe) aprobar de forma expedita proyectos encaminados a dictar la legislación que permita al Estado resarcir a las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidas las de Sacaba, Senkata, y Zona Sur producidas en 2019”, añadió.
Problemas en la justicia del país
Recordó que en su estadía en Bolivia, se enteró sobre la huelga de hambre que cumplía la exmandataria, siendo testigo del ambiente de confrontación y preocupación que rodea el caso.
Explicó que el caso evidencia problemas estructurales de la administración de la justicia, como la generalización de la detención preventiva; por lo que fue enfático con los derechos que tienen las personas procesadas.
“Todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a todas las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la normatividad boliviana. Para toda persona privada de libertad, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar su integridad y salud”, establece el escrito.
Corrupción
Asimismo, resaltó que la corrupción “puede ser una herramienta de ataque a la independencia judicial”, la cual debe ser garantizada por el Estado, ya que esa es su obligación internacional y constitucional.
“Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole están llamadas a respetar y acatar dicha independencia”, enfatizó.
Entre las conclusiones del informe, resalta la que menciona que la elección de las altas autoridades judiciales mediante el voto popular, lo cual según su criterio, no ofrece las garantías suficientes para evitar injerencias políticas, no asegura el nombramiento de personas idóneas a los cargos ni generó legitimidad en los procesos.
“(Se debe) impulsar un debate nacional sobre las reglas vigentes y deseables para la selección y designación de integrantes de las altas cortes y el Consejo de la Magistratura, para identificar la mejor manera de reformar este mecanismo”, explicó.
Por otro lado, insistió en el criterio de prevalencia de procedimientos de designación no políticos, vinculados estrictamente a la calidad y mérito profesional; además del compromiso con los valores del estado de derecho y “los estándares contenidos en los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura”.
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