Bolivia Impacto Judicial

Fiscalía citará a autoridades que aprobaron pagos a Mendoza mediante resolución

El dirigente universitario cumple detención preventiva en el penal de San Pedro / Archivo ABI
De acuerdo con las denuncias presentadas, las personas que firmaron la Resolución son el exrector de la Universidad Autónoma Tomás Frías y presidente del XIII Congreso Nacional de Universidades, Justo Bohórquez y el Secretario Ejecutivo de la Confederación de Docentes, Rodrigo Rodríguez.

Se citará a comparecer a las personas que participaron de la Resolución Administrativa 036/2018 del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), que habilitó el pago de salarios a favor del dirigente universitario, Max Mendoza, anunció el fiscal departamental de La Paz, William Alave.

La normativa autorizó el pago de salarios y beneficios sociales a Mendoza como Secretario Nacional interino, sin embargo, el documento fue cuestionado, debido a que el dirigente presuntamente no cumplía los requisitos para asumir el cargo, al no tener título académico.

“Hay una Resolución Administrativa que es base para la investigación, la 36/2018, esta resolución de Secretaría Nacional de la CEUB nos da a entender que han participado muchas otras autoridades universitarias y otras personas”, manifestó Alave en contacto con la Red Erbol.

Personas involucradas en el caso

Explicó que las personas que intervinieron en dicha Resolución serán convocadas para que establezcan las razones de su decisión. No descartó que esta actuación pueda constituirse en una coautoría.

De acuerdo con las denuncias presentadas, las personas que firmaron la Resolución son el exrector de la Universidad Autónoma Tomás Frías y presidente del XIII Congreso Nacional de Universidades, Justo Bohórquez y el Secretario Ejecutivo de la Confederación de Docentes, Rodrigo Rodríguez.

Resaltó que, en caso de encontrarse mayores irregularidades en el transcurso de la investigación es posible que se abran otros procesos de oficio.

Mendoza debe cumplir detención preventiva por seis meses en la cárcel de San Pedro, tras determinación de un juez en horas precedentes. Es imputado por los presuntos delitos de usurpación de funciones y conducta antieconómica.

/JDLF/


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