Ante la posibilidad de que el Parlamento Uruguayo decida en las siguientes semanas la viabilidad de una Ley de Eutanasia, los integrantes de la sala de Derecho Constitucional de la Universidad de la República (Udelar), expresaron sus posturas divididas ante el tema.
El debate por esta ley tiene más de dos años, sin llegar a conclusiones concretas; la pandemia fue uno de los factores para la demora en las conversaciones, sin embargo, las diferentes posturas religiosas y humanísticas también entorpecieron el debate.
Algunos de los abogados de la cátedra defendieron la constitucionalidad de la ley y argumentaron que, si bien el Estado debe proteger el derecho a la vida, eso no significa que pueda decidir sobre ella. En contraparte, otros expertos en la materia afirmaron que se trata de un tema inconstitucional porque se crea el derecho de “transcurrir dignamente el proceso para morir”.
En total, son 20 los constitucionalistas que pertenecen a la cátedra de la Universidad de la República y discutieron esta semana sobre la eutanasia.
“En lo que hubo unanimidad en el instituto fue en que los dos proyectos hay que corregirlos, hay que ajustarlos”, señaló uno de los abogados, Correa Freitas.
El proyecto original fue presentado al Parlamento uruguayo en marzo de 2020 por el diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet, sin embargo, no llegó a tratarse en las cámaras debido a la emergencia sanitaria, según informó el portal de noticias Infobae.
Posteriormente, el Frente Amplio (FA) elevó en 2021 un nuevo proyecto con algunas modificaciones al planteado por Pasquet, la oposición en general apoyó la segunda iniciativa; pese a la presentación de ambos proyectos, oficialismo y oposición se propusieron trabajar en conjunto para que la Ley de Eutanasia sea aprobada antes de fin de este año.
La diputada del FA, Lucía Etcheverry, manifestó que ambas iniciativas pueden complementarse a la perfección, especialmente en el tema de las garantías; sin embargo, los legisladores conformarán un proyecto único para lograr los votos necesarios.
La mayoría de los opositores al proyecto pertenecen al partido del Presidente Luis Lacalle Pou del Partido Nacional, quienes hicieron pública su petición para que el proyecto de ley se discuta en 2023.
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