Tras su participación en las protestas antigubernamentales en Santiago de Cuba, acontecidas el 11 de julio del año pasado, cinco personas fueron condenadas con multas y al menos nueve años de cárcel por distintos delitos.
La sentencia indicó que el Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba condenó a los acusados a penas que van desde una multa de 3.000 pesos cubanos (125 dólares), hasta nueve años de cárcel por los delitos de desacato, atentado y desórdenes públicos.
Los sentenciados tienen entre 22 y 29 años de edad; ninguno de ellos tenía registros de antecedentes penales al momento de ser juzgados y cuatro de los cinco estuvieron bajo prisión provisional mientras se desarrollaba su proceso penal.
El documento de sentencia detalló que, durante las movilizaciones, estas personas insultaron al Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, además de a la Policía, también mencionaron que invitaron al resto de los manifestantes a unirse a sus coros de protesta.
Además, el Tribunal añadió que algunos de los implicados en los hechos lanzaron improperios contra militares, policías y arrojaron piedras contra los agentes, según informó el portal de noticias Infobae.
Familiares de los condenados y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) criticaron el juicio y alegaron su falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas. También denunciaron que los medios extranjeros no tuvieron acceso a los juicios y que Amnistía Internacional solicitó poder asistir a los procesos.
Según la Fiscalía General de Cuba, desde diciembre se procesaron por las protestas del 11 de julio a 790 personas, de las que 55 tienen entre 16 y 17 años, lo que significa que cumplen con la edad penal mínima del país.
Según las ONG, Justicia 11J y Cubalex, un total de 1.442 personas fueron detenidas por su participación en las protestas; de ellas, al menos 756 continúan en centros de reclusión.
Por su parte, la ONG Prisoners Defenders señaló que, hasta finales de 2021, al menos 842 personas estaban en prisión por motivos políticos, la mayoría por los hechos del 11 de julio.
En respuesta, las autoridades cubanas negaron la existencia de presos políticos en el país, y aseguraron que todos los procesos fueron por actos vandálicos.
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