El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, informó este miércoles que el 95% de las empresas inmobiliarias en el país son “informales” y esto se debe a que el funcionamiento de ese tipo de negocios no cuenta con una reglamentación que las regule.
“En Bolivia tenemos como 2.500 inmobiliarias, de las cuales el 95% son informales. No existe una norma o regulación para que funcione una inmobiliaria”, manifestó Silva en una entrevista en La Razón.
El pasado lunes se conoció un caso en el que al menos 100 personas denunciaron haber sido estafadas por una empresa inmobiliaria, a la que entregaron montos desde $us 20.000 hasta $us 200.000 por la compra de bienes inmuebles a bajos intereses y otro tipo de beneficios que no fueron cumplidos.
El viceministro aseveró que la regulación de ese tipo de empresas es “un problema estructural” y que compete a instituciones como Derechos Reales y los gobiernos municipales, los que deben “fortalecer sus controles” para que tanto inmobiliarias como loteadores no generen “inseguridad jurídica” en el país.
Agregó que, desde su oficina, se presentará a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que regule el funcionamiento de ese tipo de actividades.
“Estamos trabajando para presentar un proyecto que regule a las inmobiliarias en nuestro país, en coordinación con las administraciones municipales, quienes tienen la atribución directa sobre el territorio local”, complementó.
Silva cuestionó la tarea de las alcaldías, específicamente de La Paz, que “aprobó una ley municipal que permite la regularización de construcciones que no cumplen los requisitos”.
“Por Mallasilla y Achocalla están ofreciendo lotes, cuando, por norma, a mil metros de un relleno sanitario no puede haber construcciones”, afirmó la autoridad.
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