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Proyecto Puerto Seco debe ser entregado al Gobierno hasta agosto

La parte legal también debe afianzarse, según el gobernador / LA PATRIA
El gobernador Johnny Vedia explicó recientemente que existe un proyecto a diseño final trabajado en gestiones pasadas, pero no está actualizado, es por ello que sus técnicos emprendieron esa tarea que debe estar lista en algunos meses más.

Con el fin de buscar el financiamiento para la conclusión del Puerto Seco de Oruro, hasta agosto el Gobierno Autónomo Departamental (Gad-Oru) debe entregar al Poder Ejecutivo, el proyecto a diseño final, pero actualizado.

El gobernador Johnny Vedia explicó recientemente que existe un proyecto a diseño final trabajado en gestiones pasadas, pero no está actualizado, es por ello que sus técnicos emprendieron esa tarea que debe estar lista en algunos meses más.

“Había el proyecto a diseño final, pero está desajustado, no estaba actualizado, no estaba asentado en la realidad en relación a flujos de los camiones, a flujos de los contenedores, etc., etc., toda esta información tiene que ser sustentada en la realidad y tomando en cuenta no solamente el puesto fronterizo de Pisiga, sino también el de Tambo Quemado”, señaló.

Si bien este proyecto actualizado tiene que ser enviado al Gobierno central hasta agosto, Vedia explicó que eso no ha detenido a su administración para avanzar en la habilitación de los predios donde funcionará el Puerto Seco.

Es por ello que en diciembre del año pasado, empezaron a construir un galpón con aproximadamente 12 millones de bolivianos, en estos días se pretende publicar la licitación para la construcción de los talleres.

“Hay un factor que se debe afianzar y es el factor jurídico-legal, la Ley del Puerto Seco es preconstitucional, tenemos una nueva Constitución Política del Estado (CPE)”, añadió.

La Ley 3316 que declara de prioridad nacional el Puerto Seco en el departamento de Oruro, data del 16 de diciembre de 2005, fue promulgada durante la Presidencia de Eduardo Rodríguez Veltzé.

Dos años después, el 31 de octubre de 2007, se emitió el Decreto Supremo 29328, que reglamenta la Ley 3316.

“Hay la voluntad política, como Gobernación nos caracterizamos en defender los intereses de Oruro, en ese propósito estamos trabajando con el Comité Impulsor”, finalizó.