Dejar en manos del poder político, mediante el Legislativo, la atribución de elegir y designar a los fiscales departamentales es un “enorme retroceso”, así lo consideró el abogado y Oficial del Programa Senior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Ramiro Orias.
Orias escribió en el blog de la DPLF, que esta medida va en contra del planteamiento de reforma de justicia en Bolivia, además de que contradice las recomendaciones y los estándares de distintos organismos internacionales y regionales de Derechos Humanos.
Estas instancias establecen que los Estados tienen la obligación de asegurar las condiciones adecuadas para que las fiscalías lleven a cabo investigaciones objetivas, independientes e imparciales, además de garantizar la autonomía de las funciones del Ministerio Público.
La Asamblea Legislativa Plurinacional estableció en su agenda el tratamiento del proyecto de Ley N° 259/2020-2021 de Modificación a la Ley Nº 260, Ley Orgánica del Ministerio Público de 11 de julio de 2012, con el único objeto de modificar su artículo 33, en relación al proceso de designación de fiscales departamentales.
Con este cambio se establecería que estas autoridades intermedias del Ministerio Público pueden ser designadas por mayoría simple de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El proyecto además señaló que el Legislativo tendrá atribuciones para evaluar, remover y aceptar la renuncia de estos servidores públicos, según informó la Agencia de Noticias Fides.
Orias señaló que el marco internacional estipula claramente que una fiscalía es un órgano autónomo que debe garantizar investigaciones objetivas e independientes, por lo que no le parece adecuado devolverle al poder político la capacidad para seleccionar y designar autoridades fiscales departamentales.
El abogado indicó que lo que es necesario, en todo caso, es mejorar los procesos internos del Ministerio Público, con el fin de que cumplan con su labor de manera transparente, basada en méritos y calificaciones profesionales, además de ser abierta al escrutinio de la ciudadanía.
En este marco, la Relatoría Especial de las Naciones Unidas señaló la necesidad de reforzar y garantizar la autonomía del Ministerio Público.
“En virtud de que puede minar la confianza y credibilidad de la autoridad a la que se encomienda investigar los delitos de forma objetiva”, detallaron.
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Independencia de los Jueces y Abogados, Diego Garcia Sayán, también hizo referencia a este tema; en su informe de observaciones preliminares de febrero de 2022, después de su visita oficial a Bolivia, abordó la falta de independencia judicial en el país y abogó por el fortalecimiento de la carrera fiscal en el país.
De forma particular, el Grupo Internacional de Expertos Independiente (GIEI Bolivia) en su informe final sobre los hechos de violencia de 2019, subrayó que: “La independencia e imparcialidad de los y las fiscales debe salvaguardarse mediante un proceso adecuado de nombramiento y promoción, basado en criterios objetivos y mediante condiciones de trabajo que garanticen la seguridad en el cargo”, y recomendó al Estado boliviano garantizar la estabilidad profesional de los fiscales.
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