Tras culminar la fase de alegatos orales en la demanda por el Silala, presentada por Chile contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la exministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, afirmó que existe “responsabilidad política” de Evo Morales y sus colaboradores en el tema.
Respecto al cambio de postura de Bolivia, al afirmar que el Silala es un curso de agua internacional aseveró que debió comunicarse al pueblo boliviano en su momento.
“Efectivamente el hecho de que en la contramemoria de 2018 Bolivia haya reconocido al Silala como río internacional favoreció al petitorio principal de la demanda de Chile”, manifestó en contacto con el diario Los Tiempos.
Silala aguas internacionales
Resaltó que la Corte debe pronunciarse sobre el alcance del principio del uso equitativo y razonable de un curso de agua internacional, en este caso, aplicable al uso del agua del Silala.
“Al asumir que el Silala es un curso de agua internacional, Bolivia debe cumplir todos los principios y normas del derecho internacional convencional y consuetudinario que regulan la materia y se constituye en Estado ribereño del Silala con todos los derechos y obligaciones que establece el derecho internacional”, explicó.
Subrayó que la mejor manera de solucionar un conflicto internacional es por la vía de la negociación, pero, solo en caso de que las partes demuestren voluntad y “buena fe”.
Situación del caso en el pasado
Recordó que el 3 de septiembre de 2018, Bolivia presentó su contramemoria en la que ya declaró que el Silala es un curso de agua internacional, por lo que en junio de 2019, Chile envió al Gobierno de Evo Morales un borrador de acuerdo.
Indicó que ese documento reprodujo los puntos planteados por Chile en su demanda judicial y sus alegatos orales redundaron en el contenido de dicho borrador.
Señaló que ni en el Gobierno de Morales ni en el de Luis Arce, respondió ese borrador hasta la realización de los alegatos orales.
Caso Silala en el Gobierno de Añez
Afirmó que durante el Gobierno de Jeanine Añez no se podía abordar el caso por la naturaleza transitoria y de corta duración, además por ser una negociación sobre un tema altamente sensible y delicado que era de responsabilidad del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Otra importante razón por la que en mi gestión no se trató este asunto fue que Chile tampoco manifestó un interés concreto de impulsar este tema con el gobierno transitorio, más aún a partir del receso decretado por la CIJ y la emergencia sanitaria generada por la pandemia”, reiteró.
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