Las muertes de Patricia Pérez y Diana Porcel, están en duda sobre informes forenses, a ello se suman antecedentes de violencia de sus parejas. Desde la aplicación de la Ley 348, que garantiza a la mujer una vida libre de violencia, víctimas y familiares denunciaron hoy falta de celeridad en los procesos, falta de información, burocracia y algunas irregularidades.
Una clara muestra son las muertes de dos mujeres que generaron dudas en sus familiares y el cuestionamiento a los procesos de investigación que no los tipificaron como feminicidios pese a algunos indicios.
Patricia Pérez falleció a los 39 años en enero 2020 y la vida de Diana Porcel se apagó a sus 23 años en febrero de 2022.
Sus muertes tienen algo en común: sus familiares sospechan que fueron víctimas de feminicidios y, aunque en primera instancia fueron calificadas como muerte accidental y suicidio, las investigaciones han sido cuestionadas e impugnadas.
Patricia Pérez fue una víctima más de feminicidio en nuestro país, quien falleció tras un suceso confuso en la habitación de un alojamiento del Plan Tres Mil, donde estaba con su expareja, con quien tuvo tres hijos.
En las imágenes de la cámara de seguridad se ve que el padre de sus hijos sale del alojamiento y que los trabajadores tienen que forzar la puerta para auxiliar a la mujer, llevada a un centro asistencial donde finalmente falleció.
Pero las dudas de la familia se hacen presentes en el procedimiento de la investigación.
Jhoel Barao Pérez, sobrino de la víctima, señaló que ella fue víctima durante muchos años de la violencia de su pareja, y que como antecedente se tiene una agresión que ella denunció, tuvo 22 días de impedimento debido a que quedó con el rostro desfigurado.
“Ella era una mujer que se dedicaba a sus hijos, por eso estaba por graduarse de la carrera de Derecho”, contó Jhoel.
Por otro lado, su abogada, Helen Vargas, aseguró que no los dejaron ingresar en la autopsia y sospechan que hubo alteraciones en los informes.
“El cuerpo tenía signos de violencia, eso nos dijeron en la morgue, pero luego no nos dejaron entrar a la autopsia”, señaló.
Los familiares peregrinaron por más de dos años, hasta lograr que se realice la necropsia que, aunque señala que no es concluyente sobre la causa de la muerte, genera la duda de la familia al revelar un golpe en la cabeza.
El abogado de la familia, Amaral Pestañas, cuestionó que no se tomará en cuenta ese detalle para investigar un posible feminicidio. El caso tiene rechazo de denuncia para ser indagado como feminicidio, pero la familia insiste.
Ahora la decisión está en manos de la Fiscalía.
Sin embargo, el fiscal departamental, Roger Mariaca, señaló que cuando el caso llegue a su despacho se analizará si hay indicios de un investigación objetiva o si se abre un nuevo caso.
La familia afirmó que el caso salió a la luz nuevamente con las investigaciones que se dan en el país por la liberación de feminicidas y violadores de forma irregular.
Estas descoordinaciones y sus resultados también las vivieron familiares de Diana Porcel, una joven locutora radial que falleció el 5 de febrero de este año.
Su cuerpo fue hallado en su cuarto y la situación tras la autopsia fue similar al caso de Patricia. Sus familiares notaron lesiones físicas que no estaban consignadas en la autopsia.
Sin embargo, en este caso, las acciones de la familia tuvieron resultados a tiempo, pues después de un mes y diez días, la pareja de Diana, principal sospechoso en el caso fue aprehendida.
Pero ante estos casos se abre la interrogante ¿cómo es que casos de sospecha de feminicidios pueden ser descartados en las primeras investigaciones y pese a indicios que cuando menos siembran duda?
Al respecto el Fiscal Departamental de Santa Cruz, señaló que se revisará el caso de Patricia y en el de Diana manifestó los primeros resultados con la aprehensión de su pareja.
Para algunos expertos, el hecho de que las exparejas de las víctimas tengan antecedentes de violencia, los convierte en sospechosos que deben ser investigados.
/ABH
