El juicio oral del caso denominado “Golpe de Estado II” se instaló de manera virtual en medio de gritos y desorden el lunes reciente, mientras ambas partes, denunciada y denunciante, trataban de intervenir; la declaración del juicio “en reserva” generó el reclamo generalizado de la defensa legal de Áñez.
Aproximadamente a las 9:00 horas de ayer se instaló la sesión; entonces, el subprocurador de Supervisión e Intervención del Estado, Calef Clemor, solicitó que los testigos sean retirados de la audiencia que se realizaba vía Zoom. En ese momento, tanto los representantes de la Procuraduría como la defensa de Áñez comenzaron a interrumpirse y hablar al mismo tiempo.
“Señor juez, aplique el artículo 350, señala que los testigos no se pueden comunicar entre sí, tampoco pueden hacer mención en lo que está aconteciendo en la audiencia (…). No pueden registrar lo que acontece en la audiencia”, pidió Clemor.
Tras esa petición, y sin anunciar que la audiencia se realizaría solo entre las partes, el encargado de administrar la sala virtual retiró a testigos y los periodistas que realizaban su labor de cobertura.
El jurista Jorge Valda denunció que cuando el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz inició el juicio oral, se cometieron “varios abusos en contra de la parte demandada”.
Sin embargo, la declaración de “reserva” no fue el único inconveniente. A pocos minutos de iniciada la audiencia, Áñez comenzó a sentirse mal y fue retirada de la sala ha pedido de la Fiscalía; cuando retornó la exmandataria volvió a presentar complicaciones, comenzó a temblar e incluso se desorientó, según Página Siete.
Valda manifestó que solo transcurrieron diez minutos de la audiencia cuando Áñez comenzó a sentirse mal, situación que fue corroborada por la médico del penal; sin embargo, el Presidente del Tribunal no atendió el pedido de emergencia por la descompensación de la exmandataria. Según el jurista, solo se pidió que sea estabilizada y que el proceso continúe.
El jurista también reclamó que el juez no permitía a la defensa de la exmandataria intervenir con más de dos abogados, mientras que el equipo legal de la parte demandante tenía diez juristas, incluyendo a la Procuraduría, Ministerio de Gobierno, Viceministerio de Transparencia, la abogada de Andrónico Rodríguez y el Ministerio Público.
El abogado Alaín de Canedo calificó como irregular que periodistas y testigos fueran retirados de la audiencia; también recordó que el Código Penal y la Convención Americana de Derechos Humanos establecen que los juicios son públicos.
“El artículo 16 de Código de Procedimiento Penal y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos señalan que las audiencias de los juicios son de carácter público. Se ha excluido a los medios de comunicación de esta audiencia y eso es vulneratorio al sistema de derechos humanos y a su gremio (periodístico)”, explicó De Canedo.
La audiencia finalmente fue suspendida hasta el 4 de abril, esto para subsanar observaciones debido a que, durante el proceso, cuatro exautoridades militares fueron declaradas en rebeldía.
