Desde el Gobierno peruano solicitaron la jornada precedente la presencia de funcionarios de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para presenciar el debate de moción de vacancia del Presidente, Pedro Castillo; el Congreso escuchará el 28 de marzo la defensa del mandatario para tratar el tema de su destitución.
En una misiva enviada por el canciller César Landa a la presidenta del Congreso, María Carmen Alva, se solicitó que se acepte la presencia de testigos de la OEA con el motivo de que el debate se desarrolle con trasparencia, ante la ciudadanía y la comunidad internacional.
En la carta se expresó la importancia de este acontecimiento, pues para Landa depende de este proceso la gobernabilidad de Perú, y la vigencia de la democracia no solo en ese país, sino en todo el continente.
El Canciller pidió la presencia de tres funcionarios específicos de la OEA para que presencien el debate en el Pleno del Congreso: El representante de ese ente en el Perú, Miguel Ángel Trinidad, el secretario de asuntos jurídicos, Jean Miguel Arrighi, y la secretaria de Acceso a Derechos y Equidad, Maricarmen Plata.
El partido opositor, “Avanza País”, cuestionó esta petición a la presidencia del Congreso, pues consideraron que no hay precedentes para incluir a la OEA como veedores en un proceso como la vacancia, según informó el portal de noticias Deutsche Welle.
Por su parte, el primer ministro, Aníbal Torres, destacó el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quienes expresaron el viernes reciente su preocupación por la situación política en Perú, y el impacto que podría tener en los Derechos Humanos.
«La vacancia presidencial debe llevarse a cabo conforme al debido proceso constitucional y fundarse en conductas señaladas con precisión que doten a este proceso de objetividad, imparcialidad y garantías del debido proceso, a fin de asegurar que sea un recurso que no se use para afectar el orden democrático constituido y los derechos políticos de los y las peruanas», informó la Comisión en un comunicado.
El lunes 28 de marzo, el Congreso escuchará la defensa de Pedro Castillo ante la acusación por una supuesta «incapacidad moral permanente»; posteriormente, se votará el pedido de destitución presentado por varios grupos de ultraderecha, que aparentemente, no cuentan con los 87 votos necesarios para hacer a abandonar el cargo al Presidente.
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