Tras firmar un acuerdo con Bolivia en marzo de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fiscalizará el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sobre los hechos de 2019.
“Para hacer seguimiento a estas recomendaciones, la propia comisión ha de suscribir en Bolivia, en marzo, en la segunda quincena, un convenio para la implementación de estas recomendaciones y que estos hechos que han ocurrido en nuestro país no vuelvan a ocurrir jamás”, anunció el embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, en contacto con Bolivia Tv.
A juicio del diplomático boliviano, las “observaciones más importantes” que están pendientes son la reparación a las víctimas y, “sobre todo”, los procesos de investigación “para dar con los autores mediatos e inmediatos de estos gravísimos hechos”.
Arce consideró que no solo la expresidente Jeanine Añez debe ser procesada por este caso, sino también sus excolaboradores, según reportó el diario Página Siete.
“No hay una investigación que avance en relación a todos los autores, no solo una autora. Un gobierno de semejante violación a los derechos humanos no se ha formado por una sola persona, el mismo decreto de la muerte fue firmado por los ministros de la señora Añez, muchos de ellos abogados, y generó esa especie de licencia para que ocurran las ejecuciones sumarias”, dijo.
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