En una carta del 14 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó tres pruebas específicas a la defensa de la presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia, Amparo Carvajal, en el marco de la solicitud de medidas cautelares tras el hostigamiento en redes sociales que sufrió la activista.
El primer punto solicitado por la CIDH es “un relato cronológico y detallado, con circunstancias de tiempo, modo y lugar, sobre los eventos del 6 de octubre de 2021 u otros hechos de hostigamiento, amenazas o violencia en contra de la propuesta beneficiaria”.
También se solicitó la documentación correspondiente en caso de que la situación haya sido denunciada a las autoridades correspondientes a nivel interno, o que se hayan pedido medidas de protección.
Finalmente, la CIDH requirió cualquier “elemento que la defensa considere pertinente para valorar la situación de riesgo actual”.
En caso de que no se presenten los elementos establecidos, se indicó que la solicitud de medida cautelar será desestimada en conformidad con la resolución 3/2018.
Las cautelares solicitadas para Carvajal surgen a partir de las amenazas realizadas por dos hombres a la activista mediante redes sociales, afirmando pertenecer a una agrupación que exige justicia para las víctimas de Senkata y Sacaba en los conflictos de 2019.
A esto, se suma la posterior difusión de un video en el que estos dos individuos manifestaron su intención de quemar la vivienda de Amparo Carvajal.
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