Los exjefes de Estado y de Gobierno que participan en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), afirmaron este martes que la expresidente de Bolivia, Jeanine Añez tiene derecho a gozar de un juicio en libertad, al debido proceso y una tutela judicial efectiva, ante el inicio del proceso en su contra.
Los firmantes censuraron que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, anunció el inicio del juicio de la exmandataria «por haber actuado contra la Constitución» boliviana, contrariando lo que en su momento declarara el Presidente Luis Arce como candidato, que reconoció la «naturaleza constitucional» de la Presidencia de Añez.
De esa manera, el expresidente de México Felipe Calderón, de Argentina Mauricio Macri y los bolivianos Carlos Mesa y Tuto Quiroga hicieron conocer su petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Este ente señaló que en una democracia representativa es necesario que el ejercicio del Poder esté sometido a reglas, fijadas de antemano y conocidas previamente por todos los ciudadanos con el fin de evitar la arbitrariedad.
«Abogamos, en suma, por el respeto estricto, en el caso de la expresidente Áñez, de los principios fundamentales antes señalados», manifestaron las exautoridades.
Asimismo, esas declaraciones fueron emitidas antes de pedir una inspección a la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, instancia que ya confirmó su visita a Bolivia para conocer del caso de la exgobernante, conversar con ella e informar sobre los “abusos de poder cometidos en su contra».
Desde IDEA señalaron que la detención de Añez, acusada de los cargos de terrorismo, sedición y conspiración por su rol en la crisis política de 2019, es «arbitraria» y «contraria» a los principios fundamentales de un Estado de Derecho.
Además, dicho organismo en julio de 2021, expresó su preocupación por una constante en la región, que es la “judicialización de la política o guerra jurídica», según el organismo implantada por algunos Gobiernos para criminalizar a las oposiciones comprometidas con los valores de la democracia y la libertad.
