Para investigar casos de personas desaparecidas a escala nacional, la Policía Boliviana activará un “grupo de élite”; esto se realizará de manera paralela a la conformación de la comisión que investigará la impunidad en casos de feminicidios y violaciones, informó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, en una rueda de prensa.
La autoridad explicó que la conformación de una comisión, servirá para fiscalizar los casos en los que autores de feminicidios y violaciones fueron liberados.
“Mañana a las 09:00 (horas) se está conformando una comisión del más alto nivel para realizar una fiscalización y una auditoría de los casos de feminicidios y violaciones en los cuales los victimarios hayan recuperado su libertad a cambio de algún tipo de favor u otros elementos”, indicó.
Asimismo, respecto al grupo que activará la Policía manifestó que está a cargo de la División de Trata y Tráfico, de acuerdo al reporte del diario Página Siete.
“De manera paralela, con la Policía estamos conformando un grupo de investigaciones a cargo de la División de Trata y Tráfico para poder ayudar a las víctimas de personas desaparecidas dentro del territorio nacional”, señaló.
Del Castillo resaltó que el trabajo será supervisado por el Ministerio de Gobierno a través del Comando de la Policía.
“Vamos a reunirnos con todas las víctimas que hayan sufrido algún tipo de pérdida de algún familiar”, añadió.
Caso “psicópata” develó prevaricato en la Justicia
Lo ocurrido con el denominado “psicópata sexual”, Richard Choque Flores, develó la “fragilidad de la justicia”, revelando casos de prevaricato y corrupción.
El sujeto está detenido preventivamente por segunda ocasión por trata de personas, proxenetismo, pornografía, extorsión y portación ilegal de arma de fuego.
Su primera detención fue en el 2013, cuando fue acusado de asesinato y violación de Blanca Rubí Limachi, una joven de 20 años, torturada y luego enterrada en una casa de la zona San Martín de la ciudad de El Alto.
En ese entonces, el “psicópata” ya tenía sentencia ejecutoriada, además de 17 denuncias; sin embargo, pese a ello fue beneficiado con libertad, detención domiciliaria, que fijó el juez, Rafael Alcón Aliaga.
El jurista argumentó que benefició al sujeto, porque tenía una supuesta enfermedad incurable y su abogado afirmó que su defendido sólo cumplió la ley y que existen documentos para acreditar la enfermedad de Choque Flores.
Para el Ministerio de Justicia, la acción del juez se constituye en el delito de prevaricato, reportó la red Erbol.
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