Tras su aprehensión, Richard Choque Flores develó la fragilidad de la justicia en Bolivia, su caso puso al descubierto la falta de garantías en el sistema judicial.
Choque Flores, está detenido nuevamente por trata de personas, proxenetismo, pornografía, extorsión y portación ilegal de arma de fuego.
Su primera detención fue en el 2013, cuando fue acusado de asesinato y violación de Blanca Rubí Limachi, una joven de 20 años, torturada y luego enterrada en una casa de la zona San Martín de la ciudad de El Alto.
En ese entonces, el “psicópata serial” ya tenía sentencia ejecutoriada y otras de 17 denuncias y pese a ello fue beneficiado con libertad, detención domiciliaria, que fijó el juez, Rafael Alcón Aliaga.
Modus operandi
Este sujeto se hacía pasar por policía para engatusar a sus ocasionales víctimas a quienes las seducía y convencía a cambio de favores laborales por redes sociales.
Buscaba a sus víctimas, las filmaba, las obligaba a confesar que fueron encontradas con droga, situación que era “sembrada” por el delincuente, y las obligaba a tener relaciones sexuales para luego extorsionarlas.
Las citaba en alojamientos, donde escondía y ubicaba hábilmente la droga, y después las sorprendía, las intimidaba y las culpaba de narcotráfico, según reportó el portal Innovapress.
Al final, ellas accedían a negociar por temor y terminaban manteniendo relaciones sexuales; fue tipificado como “psicópata sexual”.
Pasado un determinado tiempo, eran contactadas por el depravado para que le pagaran altas sumas de dinero, a cambio de su silencio o develar los videos.
Choque usaba el falso nombre de “Haide Mitzi Flores Alarcón”. Publicaba: “Amigas que quieran ingresos diarios en sus ratos libres, buenos ingresos escriban al privado ojo se paga por hora, diario o semanal. Escríbeme”. De esa manera sus víctimas llegaron a 77 mujeres.
La Policía recibió varias denuncias, a través de un perfil falso de Facebook, Choque ofrecía servicios sexuales en Marketplace, utilizando fotografías de otras mujeres, además tentaba a las adolescentes ofreciendo trabajos sexuales con pagos superiores a los 500 bolivianos.
El comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, tipificó que Richard Choque Flores, según evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, sufre de un “trastorno antisocial de la personalidad, rasgos nucleares de conducta criminal de sicópata (pobreza afectiva, agresividad y ausencia de culpa”).
En días precedentes descubrieron que, en su casa, tenía una fosa con dos mujeres menores de edad sepultadas, Iris de 15 y Lucy de 17 años.
Lucy fue reportada desaparecida desde el 18 de mayo del 2021. La familia recibió días después mensajes en los que pedían 70 mil dólares de rescate.
El segundo cuerpo fue identificado como Iris. Se la buscaba desde el 27 de agosto de 2021, por ella pidió 80 mil dólares.
El papel del juez Alcón
El juez de ejecución penal, Rafael Alcón, que en 2019 benefició con detención domiciliaria a Richard Choque, fue aprehendido este viernes luego de que se presentará de manera voluntaria en la Policía anticrimen en La Paz.
“La autoridad judicial se basó en la existencia de un informe médico”, indicó Alcón. “La recomendación médica recomendó que sea trasladado a su domicilio y fuera de la cárcel”, reiteró.
“Me estoy presentando a fin de asumir defensa y someterme a las investigaciones”, añadió al indicar que para emitir la resolución se realizó un análisis ponderativo de la salud y de la situación legal de Choque.
El pedido del presidente Arce
“Repudiamos y condenamos la decisión del juez que liberó al feminicida y violador sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto y que luego de ser liberado siguió cometiendo crímenes atroces contra mujeres. Exigimos una sanción ejemplar con todo el peso de la ley” exigió el Presidente Luis Arce.
Asimismo, señaló que un administrador de justicia, que favorece con la libertad a una persona con semejantes antecedentes criminales, atenta contra el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
La justicia se querella
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se querellará penalmente contra el juez Alcón. el presidente del máximo tribunal de Justicia en el país, Ricardo Torres, detalló que la denuncia será ampliada también a otros dos jueces de ejecución penal, por incumplir funciones al autorizar que un sentenciado a 30 años de prisión por asesinato sea beneficiado con una detención domiciliaria.
“Entendemos que el juez Alcón no ha valorado correctamente la certificación médica que acreditó estas patologías. Se presume que este juez incurrió en resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE), incumplimiento de deberes y prevaricato, esos son los delitos que se van a denunciar”, afirmó.
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