Varias organizaciones sociales alteñas, además del magisterio rural de La Paz, dieron un plazo de 24 horas al Gobierno para que abrogue los decretos 4060 y 4061 que establecen la obligatoriedad de presentar certificado de vacuna anticovid o prueba PCR para ingresar a lugares públicos y privados con aglomeración.
Asimismo, estos sectores consideraron que las normas son inconstitucionales y no se puede impedir el ejercicio de derechos por la vacunación.
Fueron el Comité Cívico de El Alto, la Federación de Padres de Familia y el magisterio rural departamental, organizaciones que se manifestaron en conjunto y dieron dicho plazo al Gobierno para abrogar los decretos.
El presidente cívico, Gregorio Gómez, advirtió que de no cumplirse su pedido las organizaciones irán a las calles a movilizarse y realizar bloqueos. De generarse enfrentamiento, manifestó que será culpa de las autoridades.
“Que se atengan a las consecuencias. Si quieren convulsión, la van a tener, si quieren arreglar, que arreglen de buena forma con las organizaciones, estamos molestos, no estamos bromeando”, manifestó Gómez.
Los representantes de estos sectores aclararon que no están en contra de la vacuna, pero sí rechazan que sea un requisito.
El dirigente del magisterio, Ruddy Callisaya manifestó que ven con preocupación que se pida el carnet de vacunación incluso para ir al banco. Alertó que personas de la tercera edad del área rural no podrán cobrar sus rentas, porque no tienen ese documento.
También rechazó que eventualmente se vaya a pedir el certificado para las clases y afirmó que los padres no permitirán que se imponga a sus hijos la vacunación. Sin embargo, el Ministerio de Educación ya aclaró que el carnet de vacunación no es requisito para la inscripción.
Asimismo, el dirigente del magisterio rural manifestó que su sector no garantiza el inicio de clases, en tanto no se abroguen los decretos y no se garanticen condiciones de bioseguridad para las labores estudiantiles, según reporte de la red Erbol.
Gregorio Gómez criticó también al Gobierno por insistir en que la vacunación es voluntaria, cuando en los hechos la alternativa es tener una prueba PCR que puede costar al menos 450 bolivianos. Señaló que ese costo afecta a la población.
De igual manera, se pronunciaron los gremiales de El Alto, a la cabeza de Toño Siñani. Este sector dio 72 horas al Gobierno para que anule los decretos.
El dirigente Siñani manifestó que él está vacunado, pero no puede obligar a sus bases a hacer lo mismo. Argumentó que la población, particularmente del área rural, tiene su propia forma de cuidarse en base a la medicina tradicional.
Finalmente advirtió que, de no abrogarse los decretos, los gremiales se movilizarán desde el lunes en El Alto. Asimismo, ya tiene planeadas reuniones con otros sectores para aunar esfuerzos.
/MDCB
