Ema Rosmery R.F. de 40 años es investigada por el Ministerio Público, por el delito de falsedad ideológica, luego de intentar renovar uno de los dos carnets de identidad que posee. Pesquisas preliminares detallan que habría cobrado bonos emitidos por el Gobierno con ambas identidades.
La sindicada fue aprehendida ayer tras intentar renovar una de las identidades en la mesa Nº 8 en instalaciones del Servicio General de Identificación Personal (Segip), en inmediaciones de la plaza Sebastián Pagador en la zona Norte de la ciudad de Oruro.
“Al momento que se le toma la fotografía y sus impresiones digitales, aparece en el sistema otra persona, con la misma fotografía con las mismas huellas digitales, pero con otro nombre”, detalló el fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), Fernando Montaño.
El trabajador de Segip volvió a intentar tres veces, ante la posibilidad de que sea un error, sin embargo, los datos reflejaron que la mujer posee dos identidades.
Tras la verificación y ante el ilícito, la sindicada fue aprehendida y trasladada hasta la División Antieconómicos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).
Asimismo, el fiscal indicó que revisado el flujo migratorio de la aprehendida, refleja varios viajes hacia la Republica Chile, utilizando alternativamente ambas identidades. De igual forma, en cada uno de los carnets, detalla distinto nombre y otra edad.
“En uno se establece que tiene 40 años, el que ella asegura que es el verdadero y el que es para nosotros el que ha falseado a la verdad, tiene 37 años, ambas fueron obtenidas en Santa Cruz”, señaló la fiscal.
BONOS
La sindicada también es investigada si se benefició de los bonos emitidos por el Gobierno con ambas identidades. “Estamos pidiendo un informe financiero, a objeto de que pueda establecer si verdaderamente ha cobrado bonos creados por el Gobierno. Empero en las declaraciones preliminares que se ha obtenido ha asegurado que ha cobrado algunos bonos”, añadió el fiscal.
Se tiene previsto que en esta jornada se desarrolle la audiencia cautelar contra la sindicada para conocer su nueva situación jurídica.
