Desde el Gobierno de Estados Unidos prohibieron, el martes precedente, la entrada al país norteamericano de los miembros del Gobierno de Nicaragua “encabezados por el presidente Daniel Ortega y su cónyuge y vicepresidenta Rosario Murillo”.
Esta restricción se debe por considerar que las acciones del Presidente nicaragüense “socavan o lesionan las instituciones democráticas o impiden el retorno a la democracia” en el país centroamericano.
La disposición está plasmada en una declaración firmada por el Presidente Joe Biden, en la cual fustigó “la represión del Gobierno de Ortega contra los líderes de la oposición, los líderes de la sociedad civil y los periodistas” previo a las elecciones presidenciales y legislativas del 7 de noviembre.
“Los actos represivos y abusivos del Gobierno de Ortega y de quienes lo apoyan obligan a los Estados Unidos a actuar… En vista de la importancia para los EE.UU. de fomentar los procesos e instituciones democráticas en Nicaragua y dada la supresión de los derechos humanos y la democracia en esa nación”, señaló Biden en el documento.
Entre los nicaragüenses que no podrán entrar al país norteamericano, como inmigrantes o no inmigrantes, figuran todos los miembros del Gobierno de Nicaragua, incluidos funcionarios electos, alcaldes, vicealcaldes y secretarios políticos (del partido sandinista) quienes participaron en “graves abusos o violaciones de los derechos humanos”.
Además de funcionarios de los servicios de seguridad, militares, miembros de la Policía Nacional, de grupos parapoliciales y paramilitares, y del sistema penitenciario, según reporte del portal informativo AP News.
Tampoco podrán ingresar los funcionarios de alto nivel del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Ministerio de Gobernación; los miembros de los ministerios, de agencias reguladoras y empresas paraestatales y los profesores de educación pública superior, entre otros. La medida afecta también a cónyuges, hijos e hijas de las personas descritas, según se indicó.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, en su testimonio ante el Congreso, la jornada anterior, abogó por retirar el financiamiento externo al Gobierno de Ortega, en el marco la ley “Renacer” firmada por Biden la semana precedente.
“Como parte de la ley Renacer, deberíamos buscar formas de evitar que Nicaragua obtenga recursos de las instituciones financieras internacionales, fondos que inevitablemente irían a su gobierno corrupto”, afirmó Nichols.
La Ley Renacer permite imponer sanciones al Gobierno de Ortega, para restringir los préstamos de los bancos multilaterales y “atacar la corrupción del régimen”.
Anteriormente, desde Managua, Capital de Nicaragua, el Parlamento dominado por el partido gobernante, Frente Sandinista instó a Ortega a que declare inválida la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), lo cual daría inicio a un proceso para retirar al país del organismo hemisférico.
Mediante una declaración aprobada en plenario por una amplia mayoría de 83 votos, el Congreso unicameral solicitó a Ortega “que denuncie la Carta de la OEA, siguiendo el mecanismo estipulado en el Artículo 143 de instrumento”.
Los diputados nicaragüenses reaccionaron así a una resolución aprobada por la OEA la semana precedente, en la cual 25 países desconocieron los resultados de las elecciones ya realizadas.
Finalmente, el Parlamento calificó la resolución como “irrespetuosa, ilegítima y absolutamente ignorante de los principios” bajo los cuales se constituyó la OEA, entre ellos “el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados”.
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