La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mediante un comunicado emitido este martes urgió a Bolivia a cumplir con su obligación de proteger a las niñas y adolescentes de la violencia sexual y del embarazo forzado.
Asimismo, pide garantizar el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos tomando en cuenta la situación particular de vulnerabilidad que enfrentan por razones de género y edad, en aplicación del marco normativo nacional e internacional.
El comunicado fue emitido aproximadamente hace dos semanas después de que en Bolivia se generó polémica el caso de una niña de 11 años que fue violada reiteradamente por un familiar y que frenó su aborto por intervención de la Iglesia Católica.
“La violencia sexual contra niñas y adolescentes constituye no solo un tipo particular de agresión basado en género, sino una forma de discriminación que impide el goce de otros derechos humanos, que puede afectar por completo su proyecto de vida”, señala parte del comunicado.
La CIDH observó además que el embarazo de niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual pone en riesgo su vida, salud física y mental, y afecta su autonomía integral.
En el informe sobre Violencia y Discriminación contra Mujeres, Niñas y Adolescentes, la CIDH advirtió que el embarazo infantil y adolescente es un serio problema en el hemisferio con aproximadamente diez millones de embarazos al año.
En el comunicado, la CIDH recordó que Bolivia registra una de las tasas más altas de embarazo adolescente en la región que, según el Fondo de Población de Naciones Unidas, es de 88 por cada 100 habitantes entre 15 y 19 años, en tanto que el promedio regional es de 70.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, entre enero y julio de 2021 se registraron 22.221 embarazos de adolescentes, con una proyección de aumento para el segundo semestre del año.
Además, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (Cedaw) y el Comité Contra la Tortura señalan que la violencia de género vulnera el derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y que la continuación forzada del embarazo puede constituir una forma de trato cruel, inhumano o degradante, pudiendo evitar el riesgo de mortalidad materna a la que mujeres, niñas y adolescentes son sometidas en este contexto.
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