Al estar en la semana 23 de gestación, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz consideró que la situación de la niña embarazada de 11 años debe ser evaluada por una junta de profesionales médicos independiente que determine si aún es factible aplicar la interrupción de la gestación.
“Todavía estamos dentro de la semana 23, en todo caso no olvidemos que no solo se tiene que contabilizar las semanas sino que se trata del derecho de la menor en cuanto a su integridad física, a su vida y sus derechos”, señaló la Defensora a Unitel.
El pedido de la justicia es que la junta médica no tenga “cargos religiosos ni influencias ideológicas” para que pueda dictar un criterio científico de cómo proceder en este caso.
La Defensoría del Pueblo impulsa un proceso penal en contra de todas las instituciones que aseguran influyeron en la decisión de la madre de la niña para que se desista de interrumpir el embarazo.
La mamá de la niña de 11 años que está embarazada señaló que está incomunicada con su hija desde que fue ingresada a un centro de acogida. Indicó que desde que tuvieron contacto con médicos en Yapacaní donde le explicaron los riesgos, ni ella ni su hija estaban de acuerdo con la interrupción de la gestación.
“Desde que me explicaron en el hospital de Yapacaní que había un riesgo en ambos casos, tanto como en el aborto, como de continuar con el embarazo, nosotros decidimos que continué con el embarazo”, manifestó la madre.
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