Varias familias de la Asociación Departamental de Víctimas de la Injusticia de Oruro, la mañana del viernes armaron una tumba simbólica, como medida de protesta frente al Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (TDJO).
“Estamos armado una tumba recordando a las almitas que han fallecido, víctimas de feminicidio, infanticidio, víctimas de extrema violencia”, explicó el vicepresidente de esta asociación, Walter Altamirano.
Puntualizó que esta medida se debe a que existe mucha retardación de justicia y en muchos casos, tras varios años de proceso, no se cuenta con una sentencia condenatoria para los implicados.
“Hay mucha retardación, eso se debe a que hay pocos investigadores policiales y en cuanto a los fiscales son 25 en Oruro que es poco para esclarecer los casos con celeridad”, enfatizó Altamirano.
Las falencias identificadas por el vicepresidente de la organización, indican que en varios tribunales existe renuncia de jueces y la cantidad minoritaria de autoridades jurisdiccionales.
“A la par siempre pedimos justicia, nosotros queremos que haya jueces, fiscales e investigadores comprometidos con el tema; paralelamente, estas autoridades requieren un laboratorio, al momento no hay IDIF en Oruro y en muchos casos, por falta de IDIF, las víctimas están cinco y hasta ocho meses esperando que la prueba retorne de Cochabamba o La Paz”, señaló.
En esa misma línea, Celia Minaya García, madre de Marco Antonio que murió luego de ser estrangulado por su esposa el 5 de octubre de 2019, exclamó justicia y pidió a las autoridades la máxima pena durante el juicio oral que ya está llevándose a cabo.
A su vez, Vicenta Policarpio, no pierde las esperanzas de hallar el cuerpo de su hija, Adriana Toco, desaparecida desde el 10 de enero del 2020, presuntamente en manos de su pareja que se encuentra con detención en San Pedro, y a la espera de los resultados del juicio oral.
