Una denuncia contra el Arzobispado de Santa Cruz, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní y la Maternidad “Percy Boland”, fue presentada este jueves por la Defensoría del Pueblo por estar involucrados en la interrupción del aborto que se iba a practicar a una niña de 11 años, el cual resultó embarazada a causa de una violación.
«Se ha presentado una demanda penal contra las tres instituciones por los delitos de incumplimiento de deberes, trata de personas y desobediencia a resoluciones constitucionales y trata de personas con fines de embarazo forzado, con fines de guarda o adopción. Con esto se busca que no queden impune los hechos de tortura que sufrió la menor», indicó el director Nacional de la Oficina Defensorial, Mauricio Soto.
El miércoles 27 de octubre, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, señaló que se está solicitando la aplicación de una sanción de privación de libertad de 15 y 20 años contra las personas que resultasen involucradas, considerando que la víctima es una niña de 11 años.
El delegado Defensorial de Santa Cruz, Carlos Lara, calificó como una «tortura» que se haya negado la interrupción del embarazo a la menor de edad que fue vejada por el padre de su padrastro.
«Hubo presión sobre la niña por parte de instituciones a las cuales hacemos llegar esta denuncia, para que cambien (los familiares de la menor) de opinión al primer consentimiento el cual se ha dado para que se realice”, manifestó.
Asimismo, dijo que suspender el tratamiento que ya estaba en curso para una niña generará secuelas, reportó Los Tiempos.
“Además tenemos la figura de tortura, es una menor de 11 años y el proceso de embarazo se considera una tortura», indicó.
Sin embargo, mencionó que ya se presentó una acción de libertad contra las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní, el Arzobispado de Santa Cruz y la Maternidad “Percy Boland” porque el Delegado Defensorial considera que la Iglesia no tiene la tuición de retener a una menor.
Por otra parte, Cruz añadió que otra de las acciones que asumirá la Defensoría es activar la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado boliviano.
«La idea con esta denuncia es que el Estado asuma medidas de protección y de salvaguardar la vida de la menor», explicó.
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