Se ratificó la presencia supuestos grupos “paraestatales” en el territorio nacional, que presuntamente colaboraron con la administración de Jeanine Añez, informó este martes el abogado de los familiares de las víctimas de octubre, además activista de derechos humanos, Thomas Becker.
En las últimas horas la Embajada de Estados Unidos (EE.UU.) advirtió al Gobierno sobre la posible existencia y operaciones de grupos “parapoliciales” y “paramilitares” en territorio nacional que “estarían” actuando en Bolivia.
“La Embajada en una carta ha expresado su preocupación sobre grupos de choque, grupos paraestatales como los motoqueros que no solamente han atacado a bolivianos sino a gente extranjera que trabaja en temas de derechos humanos y han pedido que el Gobierno de Bolivia los desarticule, estos grupos han colaborado con policías, militares, con el Gobierno de Jeanine Añez no son solo grupos de choque, son grupos paraestatales, tienen esa definición”, expresó la Embajada de EE.UU.
Se supo que la activista de derechos humanos Kathryn Ledebur y el propio Thomas Becker, ambos estadounidenses denunciaron que sufren constantes amenazas por parte de determinados grupos irregulares, reportó el portal Innovapress.
“Nosotros en la clínica (de Derechos Humanos de Harvard) y la red universitaria (de derechos humanos) hemos investigado esto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha investigado esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hay varios grupos que han dicho que son grupos paraestatales y están cometiendo violaciones de derechos humanos”, insistió Becker.
Asimismo, declaró que estos grupos lo aquejan, lo amenazan casi a diario por redes sociales y correo electrónico por su condición de activista y si lo hacen con su persona “peor ocurre con indígenas o personas de pollera” sostuvo.
“Esos grupos actúan en una postura racial, atacando a personas indígenas y me preocupa esta dinámica de violencia que no son solo contra personas que tienen perspectivas políticas, pero especialmente contra los indígenas, es demasiado fuerte”, aseveró el activista.
No descartó que esos grupos paraestatales irregulares sean la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) o la Resistencia Juvenil Cochala (RJC).
En un capítulo del informe del GIEI que hace meses visitó Bolivia, sobre los hechos de Senkata y Sacaba de 2019, existe un acápite que recomienda que estos grupos deben ser desarticulados y que el Estado debiera intervenir.
“El Estado tiene la obligación de hacer esto y hay mucha resistencia de grupos políticos que están aliados a los motoqueros (RJC) y estos grupos de choque que (luego) dicen que es una persecución política cuando no lo es. El Gobierno tiene la obligación legal de desarticular estos grupos porque están cometiendo violaciones de derechos humanos”, enfatizó Becker.
Ponderó que sea el propio Gobierno de los EE.UU., que diga formalmente que se trata de grupos paraestatales que están cometiendo esos abusos.
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