Conade, cívicos y opositores permanecen en estado de emergencia, exigen abrogación de otras leyes

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Varios sectores exigen la anulación de diferentes leyes en Bolivia / El Deber

Varios sectores como el Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade), cívicos, oposición política, entre otros permanecen en estado de emergencia para exigir al Gobierno la abrogación de un “paquete” de leyes que “atentan” con los derechos de población boliviana.

El sector gremial de país fue más allá del estado de emergencia y tras un ampliado nacional en el departamento de Cochabamba determinó dar 72 horas al Gobierno para abrogar la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo. Caso contrario, advirtieron con un paro.

Por su parte, desde el Gobierno se descartó abrogar la Ley 1386 y cualquier “otro paquete de normas”, porque detrás de todo ese pedido, con movilizaciones, “se encuentra la búsqueda de impunidad de quienes “habrían” generado el supuesto “golpe de Estado” en 2019.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani señaló que no se abrogará ninguna otra ley porque no se encontraba en los pedidos de los sectores movilizados. Dijo que ya se retiró el proyecto “antilegitimación”, reportó el diario Los Tiempos.

“La impunidad no está en negociación, no vamos a negociar la impunidad, eso que se metan en la cabeza”, dijo Mamani. En referencia a la oposición señaló: “¿De dónde llegaron los 38 fallecidos? ¿De dónde se instruyó detener a muchos hermanos de manera ilegal?”, aseguró.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que se evitó que grupos armados generen conflictos.

“Nosotros nos sentimos triunfadores al haber retirado este proyecto normativo, porque estamos evitando que grupos armados, generen conflictos dentro del territorio nacional, (…) ya no tienen razón alguna para generar movilizaciones”, indicó el titular de la cartera de Gobierno.

Continúa emergencia

El Consejo Nacional de Comités Cívicos de Bolivia mediante un pronunciamiento pidió la “abrogación de todas las normas arbitrarias y atentatorias contra las libertades individuales y colectiva, inconstitucionales y antidemocráticas para recobrar la democracia” y la dignidad de los bolivianos.

Entre ellas están “la Ley 1359 de Emergencia Sanitaria, Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, Ley 1387 de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana, Ley 1390 de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción y Ley 1398 de Registro de Comercio”.

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