La presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal mandó el martes reciente, una lista de 45 personas que considera “presos políticos”, al fiscal General, Juan Lanchipa.
“Mandamos la siguiente lista de detenidos y le solicitamos poder coordinar algún tipo de acciones para encontrar la forma de que estos detenidos puedan defenderse en libertad”, indica parte de la nota enviada por Carvajal.
La lista es encabezada por la exmandataria Jeanine Añez, los exministros Rodrigo Guzmán, Álvaro Coimbra, y Eidy Roca. Le siguen Yassir Molina y Mario “Tonchi” Bascopé, ambos integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC). También Pedro Miguel Rea y Raúl López Gonzales como exfuncionarios del Ministerio de Defensa.
El segundo grupo está encabezado por los integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), Herman Kim Muñoz Salces, Gabriel Francisco Ribera Ribera, Christian Gutiérrez Velasco, Arturo Pacheco, Marcelo Bruno, Ricardo Viveros y Josué Fernando Méndez Méndez.
Les siguen los miembros de la RJC, Milena Soto López, Fabio Bascopé y Jaime “Drago” Maldonado. Asimismo, los militares Palmiro Jarjuri Rada Gonzalo, Jorge Gonzalo Terceros Lara, Pablo Arturo Guerra Camacho, Iván Inchauste, Moisés Orlando Mejía e Israel R.V.
Flavio Arce San Martin, Franko Orlando Suárez, Pastor Mendieta, Alfredo Cuéllar y Daniel Bellot, todos excomandantes de unidades militares, además del general en retiro, Luis Fernando Valverde Ferrufino.
También figuran el exviceministro, Carlos Schlink; el cocalero, José Luis Valdez; la indígena Florinda Justiniano Montero; y los policías, Rodolfo Montero y Oliver Cristian Villarpando.
Los oficiales de Policía Freddy Vargas, Gustavo David de la Torre y Iván Víctor Gómez Apaza también engrosan la lista.
Los civiles Daniel Leonardo Aliss Paredes, cuñado de Arturo Murillo; Diego Benavides Arancibia, exanalista departamental de la AJAM y Eddy Luis Franco, exgerente de Entel, forman el grupo de 21 personas.
En la misiva, con fecha 12 de octubre, se encuentra la lista de quienes, asegura Carvajal, son personas detenidas sin un juicio justo.
Todas estas personas están siendo procesadas por la Fiscalía, en diferentes regiones, en el marco de los casos denominados Golpe de Estado I y II, masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) por delitos como terrorismo, asociación delictuosa y otros.
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