Un juez de Quillacollo del departamento de Cochabamba decidió enviar este viernes al penal de El Abra al sujeto Marco Antonio C.P. de 43 años por seis meses, el cual está acusado de violación y trata y tráfico de niños.
La víctima es una niña de 13 años que fue reportada como desaparecida y fue hallada con el acusado. Éste aparece en varias fotografías junto a autoridades del Gobierno, reportó Los Tiempos.
“Estaba con el temor de que lo dejen en libertad porque tenía mucha influencia política. Mi temor es porque él ha dicho que apelará y hay que estar pendientes de que no den el brazo a torcer y lo dejen en libertad”, expresó la madre de la niña.
Una vez que hizo la denuncia, la progenitora recibió amenazas mediante llamadas telefónicas por parte de Marco Antonio, quien le decía que se arrepentiría por acusarlo y que se cuidara.
Ante este hecho, pidió a la Fiscalía medidas de protección para ella y su familia.
Sin embargo, la senadora Patricia Arce mediante sus redes sociales señaló que está conmovida por esta noticia de violación al infante.
“Han estado circulando fotografías del denunciado junto a altas autoridades y representantes del Movimiento al Socialismo (MAS). Por lo que, es pertinente aclarar que condenamos este hecho reprochable y por demás juzgable. Nadie se puede beneficiar ni querer hacer uso de sus supuestas influencias, y mucho menos un abusador”, escribió Arce en sus redes sociales.
Manifestó también que la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado están haciendo un minucioso seguimiento al caso y se adherirá a la denuncia, a fin de buscar una justicia pronta y oportuna.
Datos
Los casos de violación en Bolivia pasaron de 762 a 2.773 en diez años, un aumento de 364 por ciento, de acuerdo a datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario.
Sin embargo, en el país no existen políticas públicas para la prevención de este tipo de delitos ni se hace investigación para conocer qué está pasando en la sociedad.
El aumento alarmante de los casos de violación, sobre todo a menores de edad, implica un problema de salud pública y mental.
El desafío está, según indicaron los expertos en el tema, en encontrar políticas aplicables a nuestra realidad, o por lo menos cumplir con los parámetros internacionales contra la violencia sugeridos por los organismos mundiales, para enfrentar este tipo de delitos que cada vez está más presente en la sociedad.
/AAC/
