Luego de ser aprobado el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Miguel Roca, alertó este sábado que pone en riesgo el “secreto de fuente” o “secreto profesional” protegido por la Ley de Imprenta para las actividades vinculadas al periodismo.
Dicho proyecto de ley fue evaluado y aprobado por la Cámara de Diputados y enviado al Senado para su revisión, el reciente viernes.
Roca indicó que este es otro escenario de los niveles de arbitrariedad que tiene el proyecto de ley, si bien no lo cita de manera explícita, pero de manera oculta lo incorpora en los alcances del artículo 11 de la “Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales”.
El citado artículo titulado “Exención o Secreto de Confidencialidad”, dispone que no se podrá invocar secreto profesional, reserva o confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comercial, tributario, económico, notarial, registro civil, derechos reales, profesionales u otro.
Asimismo, cuando la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) requiera información en el marco de sus atribuciones; esta información será obtenida de manera directa en el plazo y condiciones que esta entidad establezca al efecto, sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal, ni trámite previo alguno y estará libre de todo pago o costo judicial o administrativo.
De ser así, cuando algún medio de comunicación informe sobre el nivel de poder económico que tiene una persona o una empresa, podrá ser requerido por la UIF para que entregue no solamente la fuente de información sino también todos los documentos que respaldan la información y no podrá oponer excepción legal de competencia al amparo de la Ley de Imprenta.
En la actualidad, un periodista tiene el derecho a no revelar toda la información acogiéndose al artículo 8 de la Ley de Imprenta de 1925.
Esta ley indica que el “secreto en materia de imprenta es inviolable”, a continuación, el artículo 9 advierte que “el editor o impresor que revela a una autoridad política o a un particular el secreto del anónimo, sin requerimiento del juez competente, es responsable, como delincuente, contra la fe pública, de acuerdo al Código Penal”, según reporte de la red Erbol.
El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de la Prensa de Bolivia, Jorge Abrego, consideró que el artículo 11 del mencionado proyecto de ley, va contra la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley del Imprenta y también el Código Nacional de Ética Periodista.
Abrego mencionó que en el artículo 107, parágrafo II de la CPE, garantiza que la información difundida a través de los medios de comunicación esté elaborada de acuerdo a normas propias, de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley.
Además, la autoridad de la organización nacional señaló que el artículo 5 del Código Nacional de Ética Periodística dispone que “se debe proteger la identidad de las fuentes confidenciales de información”. Sin embargo, el proyecto de ley anula cualquier posibilidad de invocar confidencialidad a simple requerimiento administrativo de la UIF.
De esa manera, el diputado Roca afirmó que el empoderamiento de la UIF es una mezcla “Hitleriana”, KGB (agencia de inteligencia de la policía secreta rusa) y el FBI de los Estados Unidos, ya que se puede pasar por encima de las garantías constitucionales y de la Ley de Imprenta la cual protege la actividad de los periodistas en Bolivia.
El proyecto de ley pasó a revisión a la Cámara de Senadores y debe seguir el trámite legislativo de enviar a una comisión, esperar su informe y ponerla a consideración del pleno, hecho que podría ocurrir la próxima semana.
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