La Justicia determinó este viernes detención preventiva por seis meses para el excomandante de la Policía, Javier Fuad Vaca, quien es acusado de supuestamente participar en los hechos ocurridos en la zona Sur de la ciudad de La Paz en noviembre de 2019; el exefectivo del verde olivo deberá permanecer en el penal de San Pedro.
El excomandante es acusado de los presuntos delitos de homicidio en grado de complicidad y encubrimiento, por las muertes sucedidas en noviembre de 2019, en la zona Sur de La Paz.
Al menos tres personas murieron durante los conflictos en la zona Sur (Pedregal y Rosales) como resultado de la violencia de las fuerzas de seguridad, las que fallecieron fueron: Percy Romer Conde Noguera, Juan Martín Pérez Taco y Beltrán Paulino Condori.
Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Fiscalía rechazó las denuncias el 2020, en dos casos se reabrieron las investigaciones de las delaciones.
En el caso de Percy Romer Conde, según el informe del GIEI la investigación es escasa. El expediente apenas contiene la declaración de la hermana de la víctima, el protocolo de autopsia, el muestrario fotográfico de ésta y del lugar del hecho y algunos informes operativos policiales que, en su mayoría, no reportan novedades.
“No obstante, el 22 de noviembre de 2020, sin realizar la totalidad de estos actos, la Fiscalía dictó una resolución de rechazo de la denuncia, señalando que no existían suficientes elementos para individualizar a los posibles autores”, sostuvo el grupo de expertos.
En relación a Juan Martín Pérez, la investigación en este caso también fue escasa, “sin avances sustanciales”. La familia del joven incluso denunció al GIEI que fue presionada por la Fiscalía, e incluso la madre amenazada con un proceso.
“Se evidencia un retraso injustificado en las actuaciones de la Fiscalía, así como una omisión en el cumplimiento de sus obligaciones de investigar. El 11 de septiembre de 2020 la Fiscalía emitió una resolución de rechazo alegando el obstáculo legal conocido como plazos procesales, que, al haber transcurrido, determinan se debe emitir resolución pertinente, toda vez que el órgano jurisdiccional ejerció control jurisdiccional que impide continuar con la investigación”, refiere el informe del GIEI.
Posteriormente, el 19 de octubre de 2020 se reabrió la investigación después que el investigador asignado al caso dijo que no se le practicó la autopsia de muerte a Pérez, pese a que su familia pidió una necropsia.
Beltrán Paulino Condori, de acuerdo a los testimonios de sus familiares, fue herido en su domicilio, cuando intentaba proteger las ventas de su casa de las piedras que eran arrojadas a las viviendas por personas no identificadas. En ese intentó recibió un disparo.
“El 10 de septiembre de 2020, el fiscal de materia emitió una resolución de rechazo de la investigación bajo el argumento de que no se habían podido obtener los suficientes elementos de convicción que permitieran identificar al o los autores del hecho. No obstante, el 30 de noviembre de 2020, se abre de nuevo la investigación por instrucción de fiscal. Se desconoce si se han implementado nuevos actos investigativos”, se lee en el informe del GIEI.
Para el grupo de expertos en estos casos no se justifica el retraso en las investigaciones, reportó ANF.
“El hecho de que la Fiscalía haya emitido solicitudes de rechazo representa una ausencia del Estado en la garantía de los derechos de los familiares para conocer la verdad de las circunstancias de la muerte de sus seres queridos”, aseveró el GIEI.
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