La decisión sobre la medida cautelar a favor de la expresidente Jeanine Añez tiene carácter vinculante y si ésta es incumplida por el Estado, puede ser denunciada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), explicó el asesor jurídico de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB), Franco Albarracín.
El miércoles 1 de septiembre se conoció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó siete días al gobierno del Presidente Luis Arce para que entregue información sobre el estado de salud física y mental de la expresidente Jeanine Añez, así como las medidas de protección a los derechos humanos que asumió en favor de ella.
Añez fue encarcelada a mediados de marzo y, según su familia y abogados, tiene su salud deteriorada a raíz de la hipertensión arterial sistémica y depresión que padece.
Asimismo, este viernes el ministro de Justicia, Iván Lima, se pronunció sobre este caso y anunció que el Estado boliviano, mediante del Procurador General, Wilfredo Chávez, entregará la información requerida en el plazo previsto. Señaló también que se reúnen los datos del sistema de salud y de Régimen Penitenciario para ser enviados a la CIDH.
“Tenemos la idea clara, todos los argumentos, estudios y documentos suficientes… ya hay otras solicitudes que se presentaron y la CIDH ya se pronunció en este aspecto, que hubiera un cambio de decisión en la comisión sería bastante extraño, no suele ocurrir. Esta es la segunda o tercera vez que se presenta la misma solicitud y fue rechazada porque es un tema de debido proceso”, aseguró Lima.
La idea de Lima es compartida en parte por Albarracín, quien, a diferencia del ministro, indicó que la medida cautelar solicitada no sólo tiene relación con el incumplimiento del “debido proceso”, sino con la vulneración de los derechos de Añez, entre ellos a la vida, integridad, salud, libertad, garantías procesales y salud.
El asesor jurídico de la Apdhb, Franco Albarracín estimó que hay un 50 por ciento de probabilidad para que la CIDH otorgue medidas cautelares a Añez y otros 50 que no, debido a que se trata de un caso que tiene implicaciones “políticas”, un campo en el que la organización internacional no otorga ese beneficio.
En caso de que la CIDH otorgue medidas cautelares a Añez, Albarracín indicó que el dictamen es vinculante, de cumplimiento obligatorio para el Estado boliviano. En este caso, Añez sería beneficiaria de no estar encarcelada para defenderse en los dos procesos ordinarios que se le sigue.
De esa manera, si el Estado incumple la medida cautelar de la CIDH, esta instancia puede elevar una demanda ante la Corte IDH, la cual se encarga de tratar los aspectos legales de un proceso, no la parte política, para que imponga “medidas provisionales”, explicó Albarracín.
Finalmente, el jurista indicó que en caso del incumplimiento de las medidas provisionales de la Corte IDH, estos casos pueden ser llevados ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), para que inste a los Estados a cumplir con ellas. Al margen de esos mecanismos, no hay una “medida coercitiva” para obligar a cumplir estas medidas.
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