El diputado de Comunicad Ciudadana (CC), Beto Astorga presentó este jueves 19 de agosto una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, en la que solicita un informe escrito sobre los gastos estatales tanto en el referéndum del 2016 como en las Elecciones Primarias y Generales del 2019.
La carta está dirigida al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, con esta solicitud el diputado del CC pretende demostrar el supuesto daño económico que Evo Morales efectuó al Estado.
“Con esta petición de informe queremos demostrar que Evo Morales no solamente ha vulnerado la Constitución Política del Estado (CPE), no solamente ha desconocido el 21F, sino que también le ha hecho un daño económico al Estado”, señaló Astorga.
El asambleísta afirmó que el dinero utilizado en los tres procesos electorales “podría” haber sido invertido en hospitales o equipamiento médico “que tanto hace falta en tiempos de pandemia”.
“Evo Morales ha forzado el referéndum del 2016 y posteriormente lo ha desconocido. En las primarias de 2019 ha sido el único candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) y él ha impulsado también esas primarias. Y el 2019 ha participado de la elección nacional de forma ilegal”, sostuvo el diputado.
Astorga aseveró que con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y esa solicitud se puede realizar un juicio a Morales por supuesto daño económico al Estado.
“Realizándole un juicio Morales con una justicia transparente, como aconseja la GIEI, el exmandatario tendría que devolver el dinero de estos tres procesos electorales”, dijo el asambleísta.
Justicia para las víctimas de Vila Vila
En tanto, la diputada de CC por el departamento de Potosí, Lissa Claros solicitó un informe escrito por parte de la Fiscalía General del Estado sobre los sucesos en Vila Vila, reportó el diario Página Siete.
Lissa explicó que en el documento presentado el martes 17 de agosto por el GIEI, indica que se cometieron graves delitos en el lugar.
“(Hemos pedido) un informe al Fiscal General del Estado para que pueda informar por qué se han vulnerado los derechos de los emboscados en Vila Vila y en Playa Verde”, expresó la legisladora.
El documento presentado por el GIEI concluye que los integrantes de las “Caravanas del Sur”, universitarios y cívicos de Chuquisaca y Potosí y la caravana minera fueron víctimas de “serias violaciones de los derechos humanos”, teniendo como consecuencia que cinco personas fueron gravemente heridas con armas de fuego y otras 15 fueron tomadas como rehenes durante horas en Vila Vila.
“Hombres y mujeres fueron víctimas de tortura y sufrieron agresiones de contenido sexual. Las víctimas de esos sucesos necesitan y exigen justicia. Como potosinos exigimos a la justicia boliviana que dé respuesta a las víctimas”, señaló Lissa.
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