Tras los anuncios de bloqueos de la carretera bioceánica, que une Bolivia con Brasil, el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núnez apeló al diálogo para solucionar las discrepancias por la posesión de predios en la región oriental.
Núñez “bajó el tono” de la institución con relación a este conflicto, pues la pasada jornada, el director Departamental del INRA, Adalberto Rojas informó que una comisión de esa institución iniciaría desde el lunes una inspección en predios que tienen problemas por la tenencia. Advirtió que, si este equipo no llegaba a las zonas por causa del bloqueo de caminos, iniciaría un proceso penal contra los organizadores de la medida de presión.
“Las controversias agrarias en nuestro país no se van a resolver con violencia ni bloqueos. Siempre se va tener que llegar a un momento de diálogo y concertación. Por eso estamos convocando y llamando a la reflexión a todos los actores, para que sea esa la vía de solución del tema, y no las medidas de hecho”, aseveró Núñez en contacto con Bolivia Tv.
La autoridad anunció que esta entidad tiene el objetivo de extender 100.000 títulos ejecutoriales durante 2021 y agregó que, en ese marco, se dispuso una agenda de reuniones con representantes de grandes, medianos y pequeños productores para consensuar los detalles en torno al saneamiento de tierras.
Cívicos anuncian medidas de presión
Para el lunes 9 de agosto, cívicos de la Chiquitania iniciarán un paro y bloqueo de caminos por 48 horas. Este sector exige la presencia del INRA en la Comisión Agraria Departamental, instancia que presuntamente debe resolver y fiscalizar los problemas sobre la tenencia de tierra en Santa Cruz.
Sin embargo, desde el INRA aseguraron que esta comisión es ilegal, por lo que se rehusaron a participar en ella.
En varias oportunidades cívicos y dirigentes indígenas denunciaron el favorecimiento que hace el INRA en la dotación a sectores, como los interculturales, compuestos por campesinos que llegan del Occidente del país, en desmedro de los habitantes del lugar.
Un informe de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz concluyó que el INRA autorizó asentamientos en áreas protegidas y que el 95% de las comunidades visitadas son fantasmas, según el diario El Deber.
/JDLF/
