La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió en su informe preliminar sobre los hechos de violencia de 2019, que la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) sea desarticulada por el Gobierno, pero aquello nunca ocurrió, denunció este jueves, el viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox.
El viceministro consideró que los miembros de la “Delincuencia Juvenil Cochala”, así como los denominó, pretenden rearticularse.
“La RJC ha actuado como patrullas paramilitares, la CIDH advirtió que esa situación es absolutamente irregular. En su informe preliminar de 2019 pidió que el Gobierno desarticule esta organización criminal, ya la identificó como organización criminal por todos los hechos que generó; sin embargo, nunca se realizó una persecución criminal, que vaya a ser contundente para que no exista impunidad”, afirmó Cox a la red ATB.
El viceministro destacó que la “persecución política” contra los activistas de la RJC se activó de manera más efectiva en municipios como Chuquisaca o Santa Cruz, y no en Cochabamba.
El miércoles precedente, Mario Bascopé, integrante de la RJC, fue trasladado a Sucre, acusado por participar en las protestas que dañaron el frontis del Ministerio Público en la Capital de Estado, en octubre de 2020. El activista fue aprehendido nuevamente luego de cumplir tiempo en el penal de Palmasola, Santa Cruz.
Después de prestar su declaración informativa, Bascopé fue internado en un hospital de Sucre por una presunta dolencia, según reporte de Correo del Sur.
“Después de su declaración, el señor manifestó que tenía una dolencia, puesto que había sido intervenido quirúrgicamente por una hernia. Se han tomado los recaudos correspondientes, vino el médico forense a tomarle la valoración y, posterior a eso, se le ha conducido a un hospital de esta ciudad, para precautelar su salud”, afirmó el fiscal anticorrupción, Daniel Fernández.
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