Al menos siete días de plazo tiene el Gobierno para abrogar la Ley de Emergencia Sanitaria, informó este miércoles el dirigente del Sindicato de Ramas Médicas (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero.
El dirigente señaló que considera que la norma y su reglamento criminalizan y amordazan a los profesionales y trabajadores del rubro. Asimismo, la decisión fue tomada durante una reunión con representaciones de todo el país.
“Exigimos la abrogación de la Ley 1359 en un plazo de siete días, de no ser así el sector salud en uso a su derecho constitucional, irá a las calles y se movilizará y luchará en todos los rincones de Bolivia”, aseguró Romero.
El rechazo del sector se reavivó después que la semana anterior el Gobierno emitió el decreto reglamentario de dicha ley, disponiendo que se penalice la suspensión o interrupción del servicio de salud.
El dirigente manifestó que estas normas criminalizan a los médicos y consideran delincuentes a los profesionales que pretendan exigir mejores condiciones de atención para el pueblo.
De esa manera, denunció que dicha ley permite al Gobierno realizar adquisiciones sin respetar normativas de transparencia y con el “blindaje” de la confidencialidad, según la red Erbol.
Asimismo, rechazó que se establezca una Comisión Nacional Estratégica para Emergencias Sanitarias, solamente formada por representantes de ministerios, sin representación de los profesionales.
El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón objetó que dicha comisión sea estructurada solo por burócratas y no los especialistas que entregan su vida para salvar a los bolivianos.
Alarcón consideró que las normas entregan la “llave de la corrupción” respecto a las contrataciones y vulneran los derechos a la protesta y a la huelga.
Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), el diputado Juanito Angulo indicó que el sector salud no quiere acompañar al pueblo en un momento de emergencia. Consideró que las observaciones son de carácter político.
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