Con este 13 de julio, la exmandataria Jeanine Añez cumple cuatro meses de reclusión en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores acusada por el caso del supuesto “golpe de Estado”. El lunes precedente, su defensa presentó una acción de libertad, sin embargo, fue rechazada por las autoridades judiciales.
“Hoy se cumplen cuatro meses de la detención preventiva de la expresidente Jeanine Añez, violentando sus derechos a la presunción de inocencia, privándola de defenderse en libertad. El relato del golpe de Estado no ha podido, ni podrá sostenerse, no existen pruebas contra Añez ni existirán, porque en Bolivia no hubo golpe, hubo fraude”, escribieron sus allegados en la cuenta de Twitter de la exmandataria.
El juez Antonio Amaru indicó que la detención de los cuatro meses fue a través de la resolución 106/2021, pero señaló que una segunda resolución 168/2021, amplió el encarcelamiento a seis meses. Ese documento según manifestó no fue presentado por los abogados de Añez.
El abogado Jorge Valda que patrocina a la exmandataria aclaró que la documentación no fue remitida por la autoridad jurisdiccional y lamentó que este tema haya frenado el tratamiento de fondo de este recurso, puesto que la ampliación de la detención no tendría mayores fundamentos.
“Fue un fallo contradictorio, pues como fue una audiencia virtual no se pudo corroborar la existencia de la documentación. Nos extraña la presencia del Ministerio de Justicia en esta audiencia de acción de libertad no tenía nada que hacer. Este tipo de acciones nos demuestra que pudo haber algún tipo de intimidación o presión sobre las autoridades jurisdiccionales”, manifestó el jurista.
Anunció que en el curso de las próximas horas presentará un segundo recurso de libertad para que sea otra autoridad jurisdiccional la que analice la ya mencionada.
Hasta el momento Añez se encuentra cercada por seis procesos judiciales. La primera denuncia fue planteada por la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty que a finales de 2020 se había querellado contra los jefes militares que acompañaron al gobierno transitorio.
La acusación fue por sedición, terrorismo y conspiración y derivó en una acción directa de la Policía en Trinidad que terminó con la captura de la exmandataria, a medianoche del viernes 12 de marzo. El sábado 15 de marzo fue ingresada en el penal de Obrajes, pero luego fue enviada a la cárcel de Miraflores, en la ciudad de La Paz.
Frente a este escenario, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez se sumaron a la acusación de un segundo caso que fue denominado como “golpe de estado”.
Otro de los abogados de la exmandataria, Luis Adolfo Guillen aseguró que en este tema “no se ha cumplido ninguna audiencia hasta el momento”.
El Ministerio Público, a través de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ya ha planteado la propuesta de acusación formal para que la Asamblea Legislativa autorice el inicio de tres juicios de responsabilidades contra la exmandataria.
El primer caso tiene que ver con la contratación de un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 327 millones de dólares sin el aval del Legislativo, un caso que es respaldado por el Ministerio de Economía que se encargó de devolver esos recursos al ente internacional. A esto le sigue una denuncia por la adjudicación, supuestamente irregular de la administración del registro de empresas (Fundempresa).
Finalmente, se planteó una querella por el delito de discriminación promovido por un grupo de ciudadanos bolivianos que fueron impedidos de retornar al país durante la primera cuarentena rígida por el coronavirus el 2020, cuando se cerraron las fronteras por la enfermedad.
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