Con el objetivo de hacer un “seguimiento exhaustivo” del proceso contra el exministro de Gobierno Arturo Murillo, el Programa Anual de Contrataciones (PAC) de la Procuraduría General del Estado (PGE) detalló que el consorcio «Greenberg Trauring» de los Estados Unidos fue contratado por 1.7 millones de bolivianos.
El documento establece una modalidad de contratación directa y con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN). El documento fue firmado este mes y el monto señalado es el precio referencial, que permite seleccionar “la propuesta que presente la mejor calificación técnica”, como detalla el artículo 5 del Decreto Supremo No. 0181.
El apartado 13 de esa normativa señala que las contrataciones directas de bienes y servicios no tienen un monto fijo definido. Es decir, que los convenios de estas características se cumplen “sin límite de monto”.
“Para cubrir los gastos iniciales, correspondientes únicamente al objeto del contrato, la entidad pública podrá otorgar un anticipo, que no deberá exceder al 20 por ciento del monto total del contrato”, especifica el enunciado 19 del Decreto Supremo 0181.
Arturo Murillo fue detenido en Estados Unidos en mayo por los delitos de soborno y lavado de dinero por la compra de material antidisturbios de la intermediaria Bravo Tactical Solution, en la crisis de 2019, durante el gobierno de Jeanine Áñez.
El hecho fue investigado a raíz de movimientos bancarios irregulares en Estados Unidos que realizaron los propietarios de la compañía y el exministro.
El procurador Wilfredo Chávez anunció el 6 de junio que contrató al bufete «Greenberg Traurig» para atender el caso, según Los Tiempos.
El Gobierno boliviano no ha podido demostrar de manera contundente la situación jurídica de Murillo, luego, que el 17 de junio se informó que la exautoridad pudo haber sido liberada y se volviera «testigo protegido» en EE.UU.
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