La expresidente Jeanine Añez afirmó ante la Fiscalía que los tres decretos supremos aprobados en su gestión, para la adquisición de gases lacrimógenos son legales. Asimismo señaló que tienen base jurídica en dos leyes que aprobó Evo Morales.
El abogado de Añez, Luis Guillén informó que la expresidente declaró la pasada jornada por el caso presunto “Gases Lacrimógenos” desde las 12:00 hasta las 14:30 horas del lunes 7 de junio en el Centro Penitenciario Femenino Miraflores, donde cumple una detención preventiva por el caso de supuesto “Golpe de Estado”.
El 2019 en la gestión del exministro de Gobierno, Arturo Murillo se realizó la compra de agentes químicos con un sobreprecio de 2,3 millones de dólares, a través de una empresa intermediaria de Estados Unidos.
Por esa situación, Murillo y su exjefe de gabinete Sergio Méndez, además de otros tres extranjeros son investigados por los delitos de lavado de dinero y pago de sobornos en el país estadunidense y en Bolivia.
Por otra parte, el Ministerio de Justicia dio a conocer que el Gobierno de Añez aprobó tres decretos supremos para esa compra irregular: el 4090, que autorizó al Ministerio de Defensa la adquisición de gases antidisturbios para la Policía Boliviana; el 4116, que abrogó el 4090 que autorizaba la “contratación directa en el extranjero” para adquirir gases lacrimógenos y el 4168 que asignó recursos para la adquisición de agentes químicos.
“Los decretos supremos (aprobados en el Gobierno de Añez) cumplen lo establecido en la Ley Safco y en la Ley 400, que permite hacer estas adquisiciones de forma directa. Son legales, en ningún momento han sido emitidos fuera del marco normativo. Los tres decretos supremos cumplen lo establecido en la norma. La Ley 400 es la aprobada en la gestión de Evo Morales”, declaró Guillén.
OTRO CASO
El lunes 7 de junio a las 15:00 y las 18:00 horas, Añez declaró en el caso presunto “Golpe de Estado” que fue ampliado por otros delitos, sin embargo, la audiencia fue interrumpida por una descompensación de la exmandataria, a quien se le diagnosticó una crisis de presión arterial acompañada de taquicardia, informó Guillén.
El jurista denunció que su cliente no recibe un adecuado tratamiento médico a la enfermedad que aqueja, relacionada con la hipertensión.
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