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Ministro Montaño exige investigar al Conade y excívicos cruceños en el caso “gases lacrimógenos”

Ministro Montaño exige investigar al Conade y excívicos cruceños en el caso “gases lacrimógenos”
Ministro de Obras Públicas y Vivienda, Edgar Montaño /INTERNET
Ampliar la investigación contra el Conade y a los que fueron parte del Comité Cívico Pro Santa Cruz, en el caso “gases lacrimógenos”, fue la exigencia que realizó el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Edgar Montaño.

Ampliar la investigación contra el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y a los que fueron parte del Comité Cívico Pro Santa Cruz, en el caso “gases lacrimógenos”, fue la exigencia que realizó este viernes el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Edgar Montaño.

Asimismo, calificó a todos ellos de “encubridores” por ese hecho de corrupción y manifestó que participaron en las acciones que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales en noviembre 2019.

“Ustedes conocen la organización del señor (Waldo) Albarracín. Se acordarán ustedes, la organización del Conade que defendía a rajatabla o también puedo indicar claramente el Comité Cívico de Santa Cruz, entonces, esta gente hizo un paro de 21 días para obviamente robar al Estado boliviano”, afirmó la autoridad, según Erbol.

Añadió que también debe ser investigado el Gabinete de la expresidente Jeanine Añez por el caso de la compra de gases lacrimógenos y recordó que hace un tiempo presentó una denuncia ante la Fiscalía, para que se investiguen posibles hechos de corrupción en la gestión de la exmandataria hoy recluida en una cárcel de mujeres en Miraflores.

Durante la crisis de 2019, el ahora gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho y el exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín lideraron las movilizaciones en Santa Cruz y La Paz.

Caso “gases lacrimógenos”

El exministro de Gobierno, Arturo Murillo permanece en Estados Unidos, investigado por presunto lavado de dinero y el cobro de soborno en la compra de gases lacrimógenos y armamento no letal.

El Estado boliviano pagó más de cinco millones de dólares por la adquisición de este material a una empresa intermediaria, cuyos dueños son allegados de Murillo.

/MDCB


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