Los exministros del Gobierno de transición Wilfredo Rojo, Óscar Ortiz y Adhemar Guzmán fueron denunciados este miércoles por el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, por el presunto delito de daño económico al Estado por al menos 76.3 millones de bolivianos.
Huanca señaló que los casos por los que se acusa a los tres exministros son: Corrupción pública, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, malversación de fondos, conducta antieconómica, incumplimiento de contratos, falsedad material, uso de instrumentos falsificados y ejercicio indebido de la profesión.
El exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Eduardo Wilde Jordán firmó un contrato por la compra de 30 mil toneladas de trigo transgénico, por 51 millones de bolivianos a una empresa de Estados Unidos.
«Este contrato va contra los intereses del Estado, ya que generó una demanda arbitral tramitada en Londres para el pago de daños y perjuicios por un monto de 2.894.784 dólares, dinero que equivale a unos 20 millones de bolivianos», indicó Huanca a El Deber.
Asimismo, señaló que en el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas (Sedem), el exgerente de la empresa de abonos y fertilizantes, Sergio Luna Camacho y otros, compraron fertilizantes, pero más tarde se evidenció la falta de los insumos.
La autoridad manifestó que otros cinco casos de corrupción fueron hallados en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), en la cual uno es por el nombramiento de Karina Leiva Añez, quien es pariente de la expresidente Jeanine Añez.
La demanda contra la presunta familiar de la exjefa de Estado indica que fueron creados cargos ejecutivos innecesarios en la pandemia, lo que ocasionó un daño al Estado de 113 mil bolivianos e incrementó de sueldos a nivel ejecutivo por 1.2 millones de bolivianos sin justificación.
Otro de los casos observados desde Desarrollo Productivo es uno contra la exgerente de frutos amazónicos de EBA, Carmen Alicia Melgar, el extesorero Javier López Arce y otras personas que habrían ejecutado manejos “discrecionales” por un monto de 8,3 millones de bolivianos en la compra de castaña, sin el debido descargo.
Todas las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía para su respectiva investigación.
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